Trapitos norteños a las piñas en la calle: "Se creen dueños"

Trapitos en la mira: entre el control y la inclusión, ¿hay una salida posible?
Mientras la vecina provincia de Salta avanza con multas de hasta $360 mil para este tipo de personas que cooptan las calles, en Jujuy crecen los operativos y el debate sobre cómo abordar una problemática cada vez más visible.

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La situación de los llamados "trapitos" vuelve a estar en el centro de la discusión en el norte del país. En Jujuy, los recientes operativos en inmediaciones del estadio 23 de Agosto expusieron una problemática que vecinos y conductores vienen denunciando hace tiempo: cobros abusivos, presiones y prácticas cercanas a la extorsión. En paralelo, Salta dio un paso más allá al aprobar en Diputados una reforma del Código Contravencional que endurece las sanciones para quienes cobren estacionamiento en la vía pública sin autorización.

La iniciativa salteña establece multas que pueden alcanzar los $360 mil o incluso arresto para quienes realicen esta actividad de manera ilegal. Además, propone ordenar el sistema mediante un registro provincial de permisionarios habilitados, con identificación formal que incluya credenciales con datos personales y códigos QR. El objetivo es claro: diferenciar entre quienes trabajan dentro de un marco legal y quienes operan por fuera, muchas veces generando conflictos con automovilistas.

En Jujuy, si bien aún no hay una normativa de ese alcance, los controles comenzaron a intensificarse. Los procedimientos policiales recientes no solo apuntaron a los "trapitos", sino también a otras situaciones vinculadas a la seguridad en eventos masivos. Sin embargo, el foco sigue puesto en una actividad que creció al calor de la informalidad y la falta de regulación.

El debate de fondo, sin embargo, va más allá de lo contravencional. ¿Alcanza con endurecer las penas? Para muchos especialistas, la respuesta es no. Señalan que detrás de los "trapitos" hay una problemática social compleja, atravesada por la falta de empleo formal y la precarización. En ese sentido, advierten que una política exclusivamente punitiva puede empujar aún más a la marginalidad a quienes dependen de esta actividad para subsistir.

Algunas propuestas apuntan a un modelo intermedio: regularizar la actividad mediante sistemas de estacionamiento medido, con cupos, controles y capacitación, permitiendo que quienes hoy trabajan de manera informal puedan incorporarse a un esquema legal. Otras alternativas incluyen programas de reconversión laboral o inclusión social, especialmente para los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, la tensión en la calle sigue. Conductores que denuncian abusos, vecinos que reclaman orden y trabajadores informales que buscan sostener un ingreso en un contexto económico complejo. Entre la necesidad de control y la urgencia social, la pregunta sigue abierta: ¿es posible encontrar una solución que contemple ambas realidades?