¿Las personas con discapacidad seguirán viajando gratis? El dato que abrió el debate

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen por el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad.

La medida también alcanza a pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa dispone que "se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas" que regía para las empresas alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

De esta manera, el Ejecutivo dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parte del costo de los boletos gratuitos que las compañías debían otorgar a los beneficiarios contemplados por esas normas.

Pese al cambio, la resolución aclara un punto clave: la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos. Por lo tanto, las empresas deberán seguir emitiendo boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que el esquema anterior perdió sentido luego de la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia.

Esa normativa habilitó a las empresas a definir recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.

Según la Secretaría de Transporte, el nuevo marco regulatorio cambió las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales. "El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible", remarca el texto oficial.

Además, la CNRT será el organismo encargado de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de pasajes gratuitos. También deberá sostener los mecanismos de control y seguimiento sobre esas prestaciones.

La resolución incluyó una cláusula transitoria para resguardar los trámites y derechos iniciados antes de su entrada en vigencia, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos ya en curso.