Empresas jujeñas de transporte urbano de pasajeros han determinado que para gozar del beneficio de la gratuidad, las personas con discapacidad deben acreditar su condición.
APREM, una institución para niños y niñas con discapacidad motora, enfrenta un desalojo tras 27 años de funcionamiento. La solución temporal ofrecida por el municipio no resuelve el problema a largo plazo.
Así es la vida de una persona con este padecimiento. El objetivo es que sea lo más incluido posible en la sociedad y por supuesto, que tenga una vida "normal"
QPJ JUJUY