La Justicia reactivó la Ley de Glaciares: qué puede pasar con los proyectos mineros en Jujuy

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Ley de Glaciares en Santa Cruz y ordenó restituir la vigencia de la reforma aprobada por el Congreso de la Nación.

La decisión judicial llegó luego de un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación contra el fallo emitido por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había frenado provisoriamente la aplicación de la norma mientras se analizaba la cuestión de fondo.

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez consideraron que la cautelar no tenía fundamentos suficientes para impedir la aplicación de una ley nacional aprobada por el Poder Legislativo. También remarcaron que la resolución original no explicaba de manera concreta cuáles eran los aspectos de la reforma que entrarían en conflicto con la Constitución.

Un fallo que vuelve a encender el debate ambiental

Con esta resolución vuelve a regir la Ley 27.804, complementaria de la Ley de Glaciares, que modifica los criterios para determinar qué sectores del ambiente periglacial deben quedar bajo protección especial.

La reforma establece que la protección alcanzará únicamente a los glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica efectiva como reserva de agua dulce o recarga de cuencas. Además, otorga a las autoridades ambientales de cada provincia la facultad de identificar y auditar esas áreas.

Según informó El Tribuno de Jujuy, la decisión judicial genera expectativa en distintas provincias cordilleranas donde conviven proyectos productivos con zonas ambientalmente sensibles.

Qué impacto puede tener en Jujuy

Aunque el caso se originó en Santa Cruz, el fallo vuelve a poner la mirada sobre Jujuy, una provincia donde la minería ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la economía.

En los últimos años, el crecimiento de los proyectos vinculados al litio y otros minerales estratégicos abrió fuertes debates sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección de los recursos naturales.

Si bien la nueva definición sobre el ambiente periglacial deberá aplicarse de acuerdo con los estudios técnicos de cada jurisdicción, especialistas señalan que este tipo de resoluciones judiciales suelen ser observadas de cerca por provincias mineras del norte argentino.

Qué dijo la Cámara Federal

En su fallo, los magistrados también cuestionaron la legitimación de los funcionarios y legisladores que impulsaron la acción judicial.

Para la Cámara, se trata de una causa colectiva vinculada al derecho a un ambiente sano, por lo que consideró que ni el intendente de El Calafate ni los representantes políticos que firmaron la demanda podían atribuirse la representación de toda la población provincial.

Además, recordaron que la suspensión de una ley aprobada por el Congreso exige un análisis especialmente riguroso debido al principio de división de poderes y a la presunción de legitimidad de las normas sancionadas por el Estado.

La discusión judicial seguirá abierta, pero por ahora la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a estar plenamente vigente.