El Gobierno pidió a la Corte suspender la Ley de Financiamiento Universitario
El Ejecutivo presentó un recurso para suspender la norma y ganar tiempo en medio de la disputa por el presupuesto.
El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto por el financiamiento universitario y presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para suspender la aplicación de la ley.
Desde la Casa Rosada sostienen que la norma no especifica de dónde deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes de financiamiento para garantizar su cumplimiento, un argumento que ya habían utilizado previamente.
Una pelea que viene de arrastre
La posición oficial se mantiene desde el veto presidencial en 2025 y fue reiterada en el decreto 647/2025, donde el Ejecutivo planteó que la ley no podía aplicarse sin la definición previa de partidas presupuestarias.
Sin embargo, esa postura ya fue rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Estado cumplir con la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de becas.
La estrategia del Gobierno
Pese al revés judicial, el Ejecutivo insiste y ahora busca respaldo en el máximo tribunal. Reconocen que la movida apunta también a ganar tiempo y a evitar un impacto inmediato en las cuentas públicas.
La intención oficial es adecuar la implementación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y avanzar con una nueva iniciativa que reduzca su costo fiscal.
Pagos en cuotas y sin retroactivos
Según fuentes oficiales, las partidas universitarias se actualizarán de manera progresiva durante 2026, con desembolsos mensuales y no en un pago único.
En el sistema universitario, en tanto, también manejan la posibilidad de que no haya un pago retroactivo completo, mientras crece la incertidumbre sobre los tiempos de ejecución.
Otro frente en la Justicia
La disputa por el financiamiento universitario se suma a otro conflicto judicial abierto: el Gobierno también impulsó un recurso para revertir la suspensión de aspectos de la reforma laboral.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación queda en el centro de dos debates de alto voltaje político que podrían definir el rumbo de medidas clave del Ejecutivo.
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