Jujeños podrían estar viviendo sobre explosivos: campos minados en la provincia
Qué son los "boosters sísmicos", colocados en la tierra en búsqueda de petróleo. Qué zona de Jujuy es la más peligrosa.
Campos minados en el norte: explosivos enterrados hace 40 años siguen poniendo en riesgo a miles de personas.
Un problema histórico en Salta y Jujuy vuelve a quedar en evidencia mientras avanzan tareas de desactivación en zonas pobladas.
A más de cuatro décadas de haber sido utilizados en tareas de exploración petrolera, miles de explosivos continúan enterrados en el norte argentino y representan un riesgo latente para la población. Se trata de los llamados boosters sísmicos, cargas que fueron colocadas entre fines de los años 70 y principios de los 80 en Salta y Jujuy para estudiar el subsuelo en busca de petróleo. Muchos de esos artefactos nunca fueron detonados ni retirados, y hoy permanecen dispersos en zonas que con el tiempo se volvieron habitadas.
El problema se concentra especialmente en un corredor cercano a la ruta 34, en áreas como Tartagal, Orán y Libertador General San Martín. Allí, brigadas especializadas trabajan desde hace poco más de un año en la localización y destrucción controlada de estos explosivos. Las tareas, a cargo de una empresa internacional contratada por YPF, consisten en rastrear cada punto, desenterrar las cargas y detonarlas de manera segura, en un operativo que se repite a diario.
La magnitud del problema es difícil de dimensionar con precisión. En Jujuy se estima que podrían existir más de 77 mil cargas distribuidas en más de 200 mil hectáreas, mientras que en Salta el número sería aún mayor, con proyecciones que hablan de hasta 150 mil explosivos en miles de kilómetros de líneas sísmicas. Muchas de estas trazas quedaron hoy dentro de zonas urbanas o productivas debido al crecimiento de las ciudades.
El peligro no es teórico. A lo largo de los años se registraron múltiples accidentes, algunos de gravedad e incluso mortales. Las explosiones pueden activarse por golpes, movimiento del suelo o incluso incendios forestales, como ocurrió en 2022, cuando brigadistas debieron retirarse ante detonaciones espontáneas en medio del fuego. Además, la erosión y las lluvias hacen que estos artefactos se desplacen o queden expuestos en la superficie.
El caso expone un pasivo ambiental de gran escala que durante décadas no fue abordado de manera integral. Recién en los últimos años, tras reclamos judiciales y el aumento del riesgo, se impulsaron acciones más concretas para su remoción. Mientras tanto, la amenaza sigue presente en el territorio, y obliga a convivir con un problema silencioso que, enterrado bajo tierra, aún puede explotar en cualquier momento.
Fuente: La Nación.
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