"Romina Maricel": certificado de discapacidad a su nombre y la ex GH está hasta las manos
La exdiputada y exparticipante de Gran Hermano quedó envuelta en una nueva polémica tras la difusión de un documento que genera sospechas sobre su autenticidad.
El episodio salió a la luz en medio de otra denuncia pública por una presunta estafa vinculada con un automóvil.
Romina Uhrig volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, por la difusión de un supuesto certificado de discapacidad a su nombre que fue cuestionado públicamente y que abrió interrogantes sobre su autenticidad.
La información trascendió este viernes 9 de octubre, luego de que el periodista Nicolás Pisi exhibiera el documento en televisión. Según publicó el medio El Día, el certificado habría sido emitido a nombre de Romina Maricel Uhrig por la Junta Evaluadora del municipio bonaerense de Lanús.
Por ahora, no se confirmó oficialmente que el documento sea falso ni que la exdiputada haya cometido alguna irregularidad. La difusión del papel generó repercusión, pero su autenticidad debe verificarse mediante los registros oficiales correspondientes.
Qué decía el supuesto certificado de discapacidad de Romina Uhrig
De acuerdo con los datos difundidos, el documento tendría fecha de emisión del 19 de septiembre de 2018 y una vigencia de diez años, hasta septiembre de 2028.
La presunta emisión por parte de una junta evaluadora de Lanús despertó cuestionamientos y preguntas sobre las condiciones en las que habría sido confeccionado.
Romina Uhrig quedó envuelta en una nueva polémica tras la difusión de un supuesto certificado de discapacidad a su nombre.
Sin embargo, hasta el momento no se conoció una confirmación oficial que permita establecer que se trata de un certificado apócrifo. Tampoco se informó sobre una resolución judicial que determine responsabilidades por este episodio.
Por eso, la principal incógnita pasa por establecer si el documento es auténtico y si fue efectivamente expedido por el organismo que figura en él.
Por qué apareció el nombre de Walter Festa
La fecha que figura en el supuesto certificado también volvió a poner bajo la lupa a Walter Festa, exintendente de Moreno y expareja de Uhrig.
El documento habría sido emitido en 2018, cuando Festa se desempeñaba como jefe comunal de ese municipio bonaerense. La coincidencia temporal fue mencionada durante la cobertura televisiva y sumó otro elemento a la controversia.
De todos modos, esa coincidencia no demuestra que Festa haya participado en una eventual irregularidad ni permite atribuirle responsabilidades sin pruebas.
Uhrig fue diputada nacional y luego alcanzó mayor popularidad por su participación en Gran Hermano 2022. Su exposición mediática volvió a crecer con las polémicas que protagonizó en los últimos días.
La denuncia de Bambi Bello que complicó a Romina Uhrig
La controversia por el certificado apareció después de que Sebastián "Bambi" Bello acusara públicamente a Uhrig de una presunta estafa vinculada con un automóvil.
Según relató el joven, ambos se conocieron cuando él necesitaba alojamiento en Buenos Aires y la exdiputada lo recibió en su casa. Tiempo después, de acuerdo con su versión, ella le habría pedido que el vehículo quedara registrado a nombre de él.
Bello aseguró que, con el paso del tiempo, comenzaron a llegarle multas de tránsito y deudas que superaban el millón y medio de pesos.
También sostuvo que tuvo dificultades cuando intentó desvincularse de la titularidad del automóvil. Su relato fue difundido por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, el programa de América TV, y luego retomado por distintos medios.
Las acusaciones generaron repercusión en el mundo del espectáculo y sumaron presión mediática sobre la exdiputada.
Qué respondió Romina Uhrig a la acusación de estafa
Frente a las declaraciones de Bello, Uhrig rechazó haberlo estafado y cuestionó públicamente la versión del joven.
"Nunca lo estafé", afirmó al defenderse de las acusaciones vinculadas con el vehículo.
De esta manera, quedaron expuestas dos versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Por ahora, las declaraciones públicas no permiten establecer por sí solas qué pasó ni si existió una responsabilidad legal.


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