El papá de la abogada presa en Brasil denunció que le pidieron $5 millones por un video

Sigue creciendo el escándalo alrededor de la familia de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil. En las últimas horas, Mariano Páez, padre de la joven, salió a hablar públicamente luego de la difusión de un video en el que se lo ve realizando gestos provocativos.

El empresario santiagueño aseguró que las imágenes no serían reales y denunció que detrás de la viralización habría una maniobra para perjudicarlo. "Está hecho con inteligencia artificial", sostuvo, al rechazar la autenticidad del material que circuló con fuerza en redes sociales.

Pero eso no fue todo. Páez también afirmó que empezó a recibir amenazas tras la difusión del video y que incluso le exigieron dinero para frenar la situación. "Me pidieron $5 millones", expresó, visiblemente sacudido por la repercusión del caso.

Según relató, personas desconocidas se habrían comunicado con él para extorsionarlo. "Me pidieron plata para frenar todo esto", insistió, al tiempo que advirtió que teme por su seguridad y por la de su familia.

En ese contexto, adelantó que analiza avanzar con una presentación judicial para que se investigue tanto el origen del video como a los posibles responsables de su difusión.

La situación se da en medio de la fuerte exposición pública que atraviesa su familia, luego del caso judicial que involucró a su hija en Brasil por los gestos racistas que derivaron en su detención.

Mientras tanto, la polémica sigue escalando en redes, donde se multiplican los comentarios sobre la veracidad de las imágenes y el trasfondo de la denuncia del padre de la joven.

Agostina volvió al país

En paralelo, este jueves Agostina regresó a Santiago del Estero y pudo reencontrarse con su familia tras pasar tres meses en Brasil. "No veía la hora de llegar, ahora estoy más aliviada", dijo la joven al arribar al país.

Para poder salir, la Justicia brasileña le impuso una serie de condiciones. Entre ellas, el pago de una fianza equivalente a 60 salarios mínimos y la obligación de mantenerse en contacto permanente con las autoridades judiciales de Brasil, ya que su situación todavía no tiene una sentencia definitiva.