PAMI detectó graves anomalías en un centro médico y presentó una denuncia penal

El PAMI presentó una denuncia penal contra el policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en San Miguel de Tucumán, luego de detectar una serie de presuntas irregularidades durante una auditoría integral realizada en el establecimiento médico.

La investigación se enmarca en el proceso de control y fiscalización que el organismo nacional viene desarrollando sobre distintos prestadores de salud en todo el país. Según se informó oficialmente, las actuaciones fueron impulsadas junto al Ministerio de Salud de la Nación y forman parte de un plan encabezado por el director ejecutivo del instituto, Esteban Leguízamo.

De acuerdo al informe elaborado por los auditores, el centro médico ubicado sobre calle San Juan 225 presentaba múltiples observaciones vinculadas al funcionamiento administrativo, sanitario y asistencial.

Entre las principales anomalías detectadas, el organismo señaló que el policonsultorio no contaba con una habilitación municipal actualizada. Además, se encontraron legajos profesionales incompletos, con faltante de documentación obligatoria relacionada a matrículas e inscripciones de médicos que atendían a afiliados del instituto.

Otro de los puntos observados estuvo relacionado con las demoras en la atención. Según detalló el relevamiento, había esperas de hasta 21 días para conseguir turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, situación que afectaba el acceso de los jubilados a las prestaciones médicas.

La auditoría también cuestionó el sistema de otorgamiento de turnos implementado por el establecimiento. El informe sostiene que las consultas eran asignadas cada minuto bajo modalidad de orden de llegada, un esquema considerado incompatible con una atención médica adecuada.

Además, el PAMI indicó que se detectaron numerosas prestaciones médicas sin respaldo documental suficiente, historias clínicas sin firma ni sello profesional y estudios sin informes médicos correspondientes, situaciones que podrían representar incumplimientos a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

Desde el organismo nacional remarcaron que el caso forma parte de una ofensiva nacional contra presuntas maniobras irregulares detectadas en distintos puntos del país. En paralelo, también se investiga a otros prestadores y profesionales por supuestas inconsistencias entre las prestaciones facturadas y la actividad efectivamente realizada.

Entre los antecedentes recientes, el PAMI recordó que en noviembre de 2025 presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta estafa vinculada al uso de órdenes médicas electrónicas falsas, facturación irregular y utilización indebida de datos personales de afiliados.

Asimismo, durante auditorías realizadas en 2026, el organismo detectó casos de prestadores que habrían declarado cientos de prácticas médicas en pocas horas, cifras consideradas incompatibles con la capacidad operativa real de los establecimientos.

Frente a estas situaciones, el instituto implementó nuevos mecanismos de control, entre ellos auditorías permanentes, monitoreo digital de prestaciones, turnos electrónicos obligatorios y sistemas automáticos de penalización ante irregularidades en la facturación.

Desde el PAMI aseguraron que las sanciones o bajas de prestadores no afectarán la continuidad de los tratamientos de los afiliados, quienes serán derivados a otros centros médicos de la red sanitaria.