Ya rige el nuevo régimen penal juvenil en Argentina: los cambios que hay que saber
La nueva normativa modifica el tratamiento de los adolescentes que cometen delitos y establece distintas respuestas según la edad y la gravedad del hecho.
Desde este sábado 5 de septiembre está vigente en todo el país el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que reemplaza el sistema establecido hace más de 40 años. La modificación introduce cambios importantes en la forma en que la Justicia deberá actuar frente a adolescentes involucrados en delitos.
La normativa había sido aprobada por el Senado a fines de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Después de transcurridos los 180 días previstos para su entrada en vigencia, comenzó a aplicarse este sábado.
La principal novedad alcanza a los menores de 16
Uno de los cambios que más impacto genera es que los adolescentes de 14 y 15 años quedan alcanzados por el régimen penal juvenil. Hasta ahora, esa franja de edad no estaba comprendida dentro del sistema de responsabilidad penal.
Sin embargo, esto no significa que todos los casos terminen en una condena de prisión. La nueva normativa establece respuestas diferentes de acuerdo con el delito cometido y fija medidas alternativas cuando la pena máxima prevista no supera los tres años.
En esos casos, el juez podrá disponer desde un llamado de atención hasta la participación en programas educativos, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento o dispositivos de control electrónico.
También cambia el tratamiento para los jóvenes de 16 y 17
Para quienes tienen 16 o 17 años, las condiciones también fueron modificadas. El nuevo esquema deja atrás las reglas anteriores y establece un sistema que toma como referencia la gravedad de la pena prevista para cada delito.
Si el hecho contempla una pena de hasta tres años, no podrá aplicarse una condena de prisión efectiva. Cuando la escala penal se ubique entre los tres y diez años, la Justicia tendrá la posibilidad de recurrir a sanciones alternativas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
En los delitos más graves, en cambio, podrá disponerse una pena privativa de la libertad. Para determinadas alternativas, además, deberán evaluarse los antecedentes del adolescente, realizarse peritajes y contar con la intervención del fiscal. La víctima también tendrá participación en una audiencia.
Hay un límite para las condenas
La nueva legislación establece un techo para las penas que pueden recibir los menores de edad. Una condena no podrá superar los 15 años de prisión, incluso ante hechos de extrema gravedad.
Además, queda descartada la posibilidad de aplicar prisión perpetua a adolescentes. Se trata de una prohibición expresa del nuevo régimen.
Qué medidas puede imponer la Justicia
La respuesta frente a un delito no estará limitada a la prisión. El nuevo sistema incorpora distintas herramientas que pueden utilizarse según las características de cada causa.
Entre las posibilidades aparecen las amonestaciones, restricciones para acercarse a una víctima, limitaciones para conducir o asistir a determinados lugares, trabajos comunitarios y reparación del daño ocasionado.
También podrán establecerse controles mediante dispositivos electrónicos y restricciones para salir del país o de la localidad donde vive el adolescente.
Cuando la privación de la libertad sea necesaria, podrá cumplirse bajo distintas modalidades, como arresto domiciliario, institutos abiertos o establecimientos especializados.
Los menores detenidos deberán estar separados de los adultos
En los casos en los que corresponda una medida de encierro, los adolescentes deberán permanecer en espacios preparados específicamente para personas menores de edad y no podrán compartir alojamiento con la población adulta.
La normativa también contempla que durante el período de privación de libertad continúen con su formación. Para eso se prevén programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas y herramientas vinculadas con la formación ciudadana.
Qué responsabilidad tendrán los padres
Otro aspecto incorporado por la ley está relacionado con los responsables de los adolescentes. Los padres tendrán responsabilidad civil por los delitos cometidos por sus hijos, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
En cambio, la protección de la identidad de los menores involucrados en procesos penales continúa vigente. No se podrán publicar datos que permitan identificarlos, como nombres, fotografías, domicilios o información sobre su filiación y parentesco.
Si no cumple, puede recibir una sanción más grave
El nuevo régimen también contempla qué sucede cuando un adolescente incumple una medida alternativa impuesta por la Justicia.
Si el incumplimiento ocurre sin una causa que lo justifique, el juez podrá sustituir la sanción original por otra de mayor gravedad. De esta manera, el cumplimiento de las medidas impuestas pasa a ser un aspecto central dentro del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil.
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