La mujer que le robó millones a los egresados ya se habría mandado las suyas

El caso que conmocionó a Eldorado, Misiones, por la frustrada fiesta de egresados de un grupo de estudiantes secundarios continúa ampliándose y suma nuevos elementos que agravan la situación judicial de Romina Enríquez, la madre acusada de dilapidar 17 millones de pesos en apuestas.

En las últimas horas, familias damnificadas aseguraron que no se trató de un hecho aislado y que la mujer ya habría protagonizado maniobras similares con anterioridad.

La revelación llegó a partir del testimonio de Mónica, una de las tutoras que actúa como vocera del grupo de padres, quien afirmó que recién después del escándalo comenzaron a conocerse antecedentes. Según explicó, varias personas habrían sido engañadas en el pasado, aunque los montos involucrados no habrían sido lo suficientemente elevados como para que se avanzara con denuncias formales. "Esto tuvo que explotar para que saliera todo a la luz", sostuvo.

Enríquez había quedado a cargo de la administración del dinero por decisión del grupo, ya que aseguraba contar con contactos y experiencia en la organización de eventos. Sin embargo, horas antes de la celebración, los padres fueron alertados de que el salón y los servicios no estaban pagos. Más tarde, la propia acusada admitió que solo había abonado una seña y que el resto del dinero fue utilizado en el casino.

El impacto económico fue fuerte para las familias, muchas de las cuales realizaron grandes esfuerzos para cumplir con los aportes mensuales. Frente a la emergencia, los padres se reunieron con los responsables del salón y lograron renegociar las condiciones para no suspender el festejo. El evento finalmente se realizó con un esquema reducido, sin catering contratado y con comida aportada por cada familia.

En ese contexto, el intendente de Eldorado, Rodrigo "Pipo" Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir eventuales deudas en caso de que los padres no pudieran afrontarlas, lo que permitió destrabar la situación y garantizar la realización de la fiesta.

Mientras tanto, la causa judicial avanza. Tras hacerse pública la denuncia, otras personas se presentaron ante la Policía para aportar comprobantes y relatar hechos similares, lo que podría ampliar el alcance de la investigación. La Justicia deberá establecer el monto total del perjuicio y determinar responsabilidades penales.

Más allá de lo económico, los padres remarcaron el fuerte desgaste emocional que provocó la situación. "Pensamos únicamente en los chicos. Es un momento que no vuelve y no queríamos que se quedaran sin su cierre", expresó Mónica, en diálogo con TN.