La madre que timbeó los $17 millones de los egresados tenía un oscuro historial de estafas

Lo que debía ser una noche mágica para 35 estudiantes en Misiones se transformó en una pesadilla de traición y desesperación. Tras conocerse que Romina Enríquez dilapidó el fondo común de las familias en las salas de juego, salieron a la luz nuevos detalles sobre su comportamiento previo y el esfuerzo "a pulmón" para que los chicos no se quedaran sin su fiesta.

"Tenía experiencia en estafar": los antecedentes

Mónica, vocera de las familias damnificadas, reveló que la elección de Enríquez como administradora no fue casual, sino fruto de un engaño bien planificado. La mujer se había ganado la confianza del grupo alegando "contactos y experiencia" en la organización de eventos.

"Lo que no sabíamos es que tenía experiencia en estafar a la gente también. Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció", explicó Mónica a medios locales.

Tras el estallido del caso, otras víctimas comenzaron a acercarse a la comisaría con comprobantes para sumarse a la causa penal, lo que podría elevar la cifra total del fraude.

La fiesta que se salvó con empanadas y pizzas

El viernes, horas antes del evento, los dueños del salón notificaron que la fiesta estaba suspendida porque Enríquez solo había pagado la seña. Ante la angustia de los alumnos, las familias -muchas de las cuales habían vendido pertenencias para pagar la cuota- lograron un acuerdo de emergencia:

• Presupuesto de crisis: Se fijó un costo de $10 millones solo por el salón, sonido y decoración.

• Catering descartado: El menú original fue reemplazado por empanadas y pizzas que las propias familias llevaron.

• Bebida y seguridad: Se costearon mediante la venta dentro del local.

Intervención política y causa penal

El intendente de Eldorado, Rodrigo "Pipo" Durán, tuvo que intervenir personalmente como garante para que el salón abriera sus puertas, comprometiéndose a cubrir la deuda si los padres no lograban juntar el dinero.

En el plano judicial, la carátula de la causa es "administración fraudulenta". Los investigadores buscan determinar si el dinero fue gastado íntegramente en el casino o si hubo otros destinos, mientras el daño emocional en la comunidad educativa es calificado como "irreparable".