El Gobierno avanza en la restricción al uso medicinal del cannabis

El vocero presidencial comentó el lunes de esta semana que "se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como Reprocann, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica". Horas más tarde, en un comunicado oficial, el Gobierno agregó a lo ya dicho que se trata de "solicitudes de inscripción de manera muy laxa", que "desvirtúan el espíritu" de la ley de cannabis medicinal.

En las considerandos del borrador de la reglamentación, al que tuvo acceso este medio, el Ministerio de Salud remarca que "es deber del Estado asegurar que el uso de cannabis medicinal con fines terapéuticos y/o medicinales previsto en el marco de la Ley N° 27.350 sea autorizado a pacientes que cuenten con la respectiva prescripción médica, permitiendo un acceso oportuno, seguro, inclusivo y sin finalidad comercial, destinado exclusivamente a tales efectos" pero también advierto que es deber estatal también "ejercer un riguroso control de dicha autorización, acceso y utilización, en tanto y en cuanto se trata de una sustancia cuya producción y libre comercialización, por fuera de los supuestos expresamente autorizados, se encuentra tipificada como conducta ilícita de acuerdo al régimen previsto en la Ley N° 23.737.

En la SAET empezaron estos días a trabajar en un archivo público donde puedan exhibir todas las evidencias científicas que sus integrantes fueron registrando en el tratamiento con pacientes. Lo idearon después de escuchar a Manuel Adorni anunciar de las modificaciones en el Reprocann.

El vocero presidencial comentó el lunes de esta semana que "se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como Reprocann, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica". Horas más tarde, en un comunicado oficial, el Gobierno agregó a lo ya dicho que se trata de "solicitudes de inscripción de manera muy laxa", que "desvirtúan el espíritu" de la ley de cannabis medicinal.

En las considerandos del borrador de la reglamentación, al que tuvo acceso este medio, el Ministerio de Salud remarca que "es deber del Estado asegurar que el uso de cannabis medicinal con fines terapéuticos y/o medicinales previsto en el marco de la Ley N° 27.350 sea autorizado a pacientes que cuenten con la respectiva prescripción médica, permitiendo un acceso oportuno, seguro, inclusivo y sin finalidad comercial, destinado exclusivamente a tales efectos" pero también advierto que es deber estatal también "ejercer un riguroso control de dicha autorización, acceso y utilización, en tanto y en cuanto se trata de una sustancia cuya producción y libre comercialización, por fuera de los supuestos expresamente autorizados, se encuentra tipificada como conducta ilícita de acuerdo al régimen previsto en la Ley N° 23.737.

Al año siguiente, la OMS publicó una serie de recomendaciones para reclasificar el cannabis en el sistema de fiscalización de drogas de la ONU, y reconoció formalmente su función terapéutica. En diciembre de 2020, la ONU aprobó uno de los mayores cambios en política de drogas de las últimas décadas, al reconocer las propiedades medicinales del cannabis y eliminar la planta de las listas más restrictivas de la "Convención única de 1961 sobre estupefacientes".

"Creemos que estos avances a nivel internacional deberían redefinir la ley de estupefacientes (23.737) que permita excluir al cannabis de las drogas peligrosas y eso permita aún más la expansión de la investigación desde el ámbito académico en relación a la planta y sus propiedades terapéuticas", comunicaron los médicos de la SAET.

"Los cambios que se pretenden hacer a la reglamentación (con la excusa de no dar abasto con las solicitudes) son un retroceso en materia de derechos adquiridos a base de diálogo y acuerdos: derechos que hoy alcanzan a todos los sectores de nuestra sociedad, de todas las edades. Limitar patologías significa recriminalizar a miles de personas que hoy acceden a una terapia segura que realizan ellas mismas, o alguien de su comunidad de manera solidaria. Hoy, esas miles de personas que mejoraron su calidad de vida a través del cultivo de cannabis se enteran de que ejercer su legítimo derecho a la salud puede volver a ser un delito. Esto es doloroso e inaceptable", consideró en un comunicado de las últimas horas la agrupación Mamá Cultiva Argentina.