Amnistía Internacional denuncia que Nación bloquea el acceso a la salud sexual y reproductiva

En el marco del 8 de marzo, Amnistía Internacional lanzó una fuerte advertencia sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en Argentina y denunció un retroceso en políticas públicas destinadas a garantizar derechos de mujeres y personas gestantes.

La organización sostuvo que, desde 2023, el Gobierno nacional dejó de adquirir y distribuir insumos considerados esenciales para garantizar el derecho al aborto y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo que -según la entidad- profundiza las desigualdades territoriales y pone en riesgo la vida y la salud de quienes necesitan estas prestaciones.

En su análisis, Amnistía Internacional también señaló una fuerte caída en la entrega de insumos básicos. De acuerdo con los datos difundidos por la organización, la distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo se redujo un 81% entre 2023 y 2024, lo que impacta directamente en la prevención de embarazos no planificados.

El informe agrega otro punto de preocupación: durante 2025, el Estado nacional no realizó la distribución de preservativos, una medida que -según el organismo- resulta especialmente grave en un contexto donde los casos de sífilis registraron niveles récord en el país.

La entidad también advirtió sobre el debilitamiento de las campañas de información y prevención vinculadas a la educación sexual y a la salud reproductiva. En ese marco, cuestionó el recorte en el financiamiento del Plan Nacional ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), un programa que entre 2018 y 2023 había logrado reducir en 50% la tasa de embarazo adolescente.

Desde la organización remarcaron además que estas decisiones ocurren en un contexto sanitario complejo. Según el informe, la mortalidad materna registró un aumento del 37% respecto de 2023, un indicador que para la entidad refleja el impacto de la falta de políticas públicas en el área.

"En este escenario, el Estado no solo incumple su obligación de garantizar el acceso al aborto legal, sino que también se aparta de implementar políticas de información, prevención y educación en salud sexual y reproductiva", indicaron desde Amnistía Internacional.

La organización concluyó que la falta de estas políticas puede afectar la autonomía, la salud y, en situaciones extremas, la vida de niñas, adolescentes y mujeres en todo el país.