Amenaza de paro de controladores aéreos: qué pasará en Jujuy

El conflicto entre el Gobierno nacional y los controladores aéreos ingresó en una etapa de tregua forzada luego de que se resolviera extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria, una decisión que busca evitar interrupciones en los vuelos en plena temporada alta.

La medida, dispuesta por la Secretaría de Trabajo, rige hasta el lunes 26 de enero a las 8 de la mañana y deja sin margen legal al gremio ATEPSA para avanzar con paros o acciones que afecten los servicios de navegación aérea. De este modo, el Ejecutivo intenta ganar tiempo y preservar la actividad aerocomercial en un momento clave para el turismo y el movimiento interno.

En paralelo, se fijó una nueva audiencia para el viernes 23 de enero a las 11, en la que volverán a sentarse a la mesa representantes del sindicato y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), bajo la supervisión del Estado. El objetivo será destrabar una negociación que viene empantanada por reclamos salariales y condiciones laborales que el sector considera desfasadas frente a la inflación.

Desde la empresa estatal reiteraron su predisposición al diálogo, aunque remarcaron que la continuidad del servicio es prioritaria y que cualquier conflicto debe resolverse sin poner en jaque la operatoria de los aeropuertos. En tanto, desde el gremio sostienen que los ingresos actuales no alcanzan y que, sin una propuesta concreta, la situación se vuelve insostenible.

Cabe recordar que la navegación aérea está encuadrada como servicio esencial, lo que limita las medidas de fuerza. La normativa vigente exige notificar cualquier plan de lucha con al menos cinco días de anticipación y garantizar un piso mínimo de operaciones para no paralizar el sistema.

Mientras dure la conciliación, los vuelos continuarán con normalidad. Sin embargo, el escenario genera expectativa e incertidumbre en distintas provincias, incluida Jujuy, donde numerosos pasajeros tienen viajes programados y siguen de cerca el desarrollo del conflicto ante la posibilidad de que, una vez vencido el plazo, se adopten medidas que impacten en los aeropuertos del país.