Terrible conflicto minero: denuncias cruzadas, amenazas y comunidades enfrentadas
La exploración de Amalaya en Aguas Calientes generó una fuerte disputa entre comunidades originarias.
Un fuerte conflicto minero sacude a comunidades originarias del departamento Belén por las tareas de prospección que lleva adelante Amalaya S.A. en Aguas Calientes, al norte de la provincia.
La disputa ya derivó en denuncias cruzadas, acusaciones de amenazas y violencia, cuestionamientos sobre el ingreso al territorio y posiciones completamente enfrentadas entre las propias comunidades.
Mientras algunos caciques respaldan el avance de la empresa, representantes de Peñas Negras reclaman la intervención de la Justicia y cuestionan las condiciones en las que se otorgaron los pedimentos mineros.
Una empresa denuncia un ataque
En un comunicado fechado el 8 de septiembre, Amalaya agradeció el acompañamiento de las comunidades de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco y sostuvo que sus habitantes respaldan las tareas que se realizan en la zona.
La empresa aseguró que durante un muestreo superficial, trabajadores y vecinos de Aguas Calientes fueron atacados con piedras arrojadas incluso con hondas desde sectores elevados.
Según la versión de la compañía, la situación obligó a interrumpir las actividades y dejó a una persona de la comunidad herida, por lo que debió ser trasladada para recibir atención médica.
Amalaya afirmó que los agresores se presentaban como integrantes de Peñas Negras y cuestionó además el reconocimiento registral de esa comunidad.
La empresa indicó que intervino la Policía y que avanzará con acciones penales junto a las personas que, según su denuncia, fueron víctimas de las agresiones.
Peñas Negras denuncia amenazas y hostigamiento
Del otro lado, la representante legal de Peñas Negras, Andrea Morales Leanza, presentó ante la Fiscalía Penal de Belén un pedido de medidas urgentes para proteger a los comuneros.
Según la denuncia, existen amenazas, hostigamiento e ingresos no autorizados al territorio que la comunidad reivindica como propio.
La abogada pidió que personal judicial se haga presente en el lugar para tomar testimonios, preservar pruebas y constatar posibles lesiones.
También señaló que algunas personas ingresaban en motocicletas sin identificación visible y que, según su versión, no exhibían una orden judicial que justificara su presencia.
Morales Leanza calificó la situación como "catastrófica" y cuestionó además las autorizaciones mineras otorgadas durante este año. Según sostuvo, esos pedimentos no contarían con informe de impacto ambiental ni consulta previa a la comunidad indígena.
La representante legal estimó que el conflicto alcanza directamente a unas 36 familias de Peñas Negras y que, sumando a la comunidad salteña de Jasimaná, involucraría a alrededor de 1.000 personas.
Las comunidades tampoco tienen una posición unificada
El conflicto tiene otro componente: las propias comunidades originarias están divididas frente al proyecto minero.
El cacique de La Angostura, Bernardo Gutiérrez, sostuvo que varias comunidades acompañan las tareas y relató que se había intentado organizar una reunión entre caciques, autoridades municipales y representantes del Ejecutivo provincial para buscar una salida al conflicto.
Según Gutiérrez, el encuentro finalmente no se concretó porque el dirigente identificado como "cacique Sebastián" habría rechazado participar.
El referente también cuestionó las denuncias sobre una supuesta represión policial y señaló que observó a los efectivos acercarse al lugar para intentar reducir la tensión entre los grupos.
También intervino la Legislatura
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Juan Carlos Ledesma, también se refirió al conflicto y habló de una división entre las comunidades de la zona.
Según el legislador, existen cinco comunidades con personería jurídica reconocida que tendrían una postura favorable a la actividad minera, mientras que el sector que protesta sería una escisión de una de ellas.
Ledesma aseguró además que los cortes en la zona estarían afectando la circulación de vehículos, camiones y trabajadores pertenecientes a otras comunidades.
Sobre las versiones relacionadas con posibles hechos de violencia, sostuvo que, de acuerdo con sus consultas, no se habrían registrado disparos, aunque adelantó que solicitará información al área de Seguridad provincial.
Un conflicto que sigue escalando
Por ahora, las versiones de los distintos sectores son contradictorias y la Justicia deberá determinar qué ocurrió en los episodios denunciados por cada parte.
La discusión excede el avance de la exploración minera y se transformó en una disputa por el acceso al territorio, el reconocimiento de las comunidades, las condiciones ambientales y el derecho a la consulta previa.
Mientras Amalaya defiende la continuidad de sus trabajos y cuenta con el respaldo de varias comunidades, Peñas Negras reclama medidas de protección y cuestiona la legitimidad de los permisos otorgados.
Con denuncias cruzadas y posiciones cada vez más enfrentadas, el conflicto amenaza con profundizarse si no prosperan nuevas instancias de diálogo./CONTEXTO
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