Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Desde el Gobierno informaron a través del Boletín Oficial que el veto ya fue enviado al Congreso, donde se deberá definir si se mantiene en pie o si se insiste con el proyecto original.
El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, una iniciativa que había sido aprobada a principios de agosto en Diputados con 158 votos afirmativos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para blindar la norma frente a una objeción presidencial.
La oposición ya evalúa la posibilidad de convocar a una sesión especial el próximo miércoles para intentar rechazar la decisión de la Casa Rosada, aunque para insistir con el proyecto original deberá reunir esa mayoría especial que no había logrado en la primera votación.
Qué establecía la ley
El proyecto fue impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto a rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), preveía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación.
Además, contemplaba la convocatoria a paritarias docentes y no docentes en un plazo de tres meses, un aumento de becas estudiantiles y otras medidas de fortalecimiento presupuestario.
Desde el primer momento, la Casa Rosada rechazó la iniciativa al considerar que su costo fiscal sería demasiado elevado y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra angular del plan económico, según informó Infobae.
En el veto, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo advirtió que el texto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda norma que autorice gastos adicionales especifique fuentes claras de financiamiento. Según el Gobierno, las fuentes indicadas (mayores ingresos recaudados por encima de lo previsto y reasignación de partidas) eran "genéricas" y no garantizaban la suficiencia de recursos.
El Ejecutivo estimó que la aplicación de la ley representaría un costo superior a un billón de pesos en 2025, gasto que calificó como "sin respaldo real" y que, de financiarse con emisión monetaria, "aumentaría la inflación y afectaría a los sectores más vulnerables".
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