Laura Quintana deja en la calle a decenas de jujeños a días de la Navidad

En un reciente acontecimiento que generó un fuerte impacto en la localidad de El Talar, la intendenta Laura Quintana habría llevado a cabo una serie de despidos masivos, afectando a un total de 230 empleados, incluyendo a personal con contratos permanentes. 

La intendenta alega que esta medida es necesaria debido al déficit económico del municipio y declaró un decreto de necesidad y urgencia, pero algunos afectados y críticos sostienen que estos despidos son una forma de persecución laboral y política.

Según la versión oficial, la intendenta Quintana ha fundamentado los despidos en la difícil situación financiera del municipio, declarando un decreto de necesidad y urgencia (Nro 001). Sin embargo, varios afectados y opositores a la administración argumentan que estos despidos no son una respuesta a un déficit presupuestario, sino más bien una forma de represalia política contra aquellos que no votaron por la actual gestión.

Entre los despedidos se encontrarían personas con enfermedades crónicas, madres solteras y personas de edad avanzada. En una comunidad como El Talar, donde la dependencia del municipio es significativa, estas decisiones generan una fuerte preocupación, ya que muchos de los afectados contarían con una antigüedad de 10 años o más en sus puestos laborales.

El testimonio de una de las personas despedidas refleja la angustia y las dificultades que enfrentan aquellos afectados por esta medida. La afectada señaló que, antes de las festividades, la intendenta Quintana tomó la decisión de despedir a más de 230 empleados, dejando a muchas familias en una situación económica precaria. Además, destacó que la lista de despedidos incluye a madres solteras y padres de familia que ahora se enfrentan a la tarea de trabajar y estudiar simultáneamente.

Este episodio generó un fuerte impacto en la comunidad de El Talar, donde la incertidumbre y la preocupación por el futuro laboral de los despedidos se han apoderado de muchos hogares. Mientras algunos reconocen la necesidad de optimizar la estructura laboral del municipio, otros cuestionan la manera en que se llevó a cabo esta decisión, afectando a aquellos que, con dedicación y esfuerzo, contribuyeron al desarrollo local con salarios simbólicos y la esperanza de un día ver reconocido su trabajo.