La reforma laboral como nunca te la contaron: qué cambia y qué se elimina
El proyecto de reforma laboral introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, recorta derechos individuales, redefine estatutos profesionales, limita la acción sindical y establece nuevos criterios para indemnizaciones y convenios colectivos.
El Gobierno impulsa una reforma laboral de alcance estructural que, bajo el argumento de "modernizar" el sistema vigente, propone un cambio profundo del andamiaje jurídico que regula las relaciones de trabajo en Argentina.
El proyecto toca derechos individuales, estatutos profesionales, régimen de despidos, organización sindical, negociación colectiva y acceso a la justicia laboral. Su contenido generó fuertes alertas en juristas y especialistas, que advierten que la iniciativa introduce mecanismos de desprotección y de flexibilización sin precedentes.
1. Reforma de derechos individuales y modificaciones a la LCT
La propuesta modifica cerca de 60 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y deroga más de 20, eliminando principios esenciales como la primacía de la realidad, las reglas interpretativas a favor del trabajador y referencias a la justicia social. También introduce definiciones que relativizan el concepto de trabajo como actividad humana protegida y habilita nuevas formas de contratación donde el vínculo laboral queda desdibujado, como los llamados "trabajadores independientes" o los contratados por plataformas.
El proyecto permite, además, renuncias a derechos adquiridos, rebajas salariales pactadas individualmente y la exclusión de diversos conceptos del salario, como propinas, premios, gratificaciones o participaciones en utilidades. Se habilitan remuneraciones dinámicas, modificables unilateralmente por el empleador, y beneficios sociales que pasan a ser voluntarios y suprimibles en cualquier momento.
2. Estatutos que se derogan y nuevas figuras sin protección
La iniciativa elimina estatutos completos que regulan actividades históricas, como los de periodistas, viajantes, teletrabajo, choferes particulares, peluqueros o empleados administrativos de empresas periodísticas. También quita la obligatoriedad de matrículas profesionales en disciplinas como kinesiología, nutrición, enfermería, trabajo social, abogacía, veterinaria o escribanía, entre otras.
En paralelo, crea el denominado P.E.T.I.S.O.S., un esquema para repartidores y trabajadores de plataformas que los considera independientes sin vínculo laboral. La plataforma pasa a ser un "facilitador de intercambio", desligándose de obligaciones salariales, de seguridad social o de cobertura de riesgos.
En el caso del trabajo en casas particulares, la reforma extiende el período de prueba a seis meses sin indemnización, debilitando aún más un sector tradicionalmente vulnerable.
3. Fondo de Asistencia Laboral Obligatorio (F.A.L.O.)
El proyecto incorpora un fondo financiado por un 3% de la masa salarial, destinado teóricamente a cubrir despidos. Sin embargo, su diseño genera controversias: no garantiza el pago al trabajador, no sustituye a los fondos de cese ya existentes y podría incrementar la carga salarial hasta más del 11%. En caso de quiebra, los montos acumulados van a la masa concursal y no al trabajador, convirtiendo el mecanismo en un esquema de capitalización con potencial uso financiero.
4. Cambios en la justicia laboral: caducidades y restricciones
La denominada Justicia Obrera de Argentina, incorpora límites estrictos al acceso a la justicia. Establece caducidades de instancia de seis meses en primera instancia y tres en cámara, lo que, según especialistas, provocará la caída de miles de causas. Penaliza la sobreestimación del reclamo, fija una actualización basada en IPC + 3% y elimina sanciones agravadas al empleador en casos de incumplimientos, reduciendo herramientas históricas de disuasión frente a prácticas abusivas.
5. Reforma sindical y negociación colectiva
Con las Reformas Colectivas de gran incidencia y degradación alarmante, la propuesta limita fuertemente el derecho de huelga, imponiendo obligaciones de cobertura del 50% al 75% de actividades, incluso en sectores no esenciales. Además, impulsa la negociación colectiva "a la baja", habilita convenios por empresa que pueden prevalecer sobre los de actividad y permite al Gobierno suspender homologaciones por "interés general".
Se crean nuevos mecanismos para la obtención de personerías gremiales por empresa y se permite que sindicatos simplemente inscriptos representen derechos colectivos. También se autoriza al empleador a discontinuar la retención de la cuota sindical en cualquier momento, lo que afecta directamente el financiamiento de las organizaciones.
De prosperar, el proyecto generará una transformación integral del sistema laboral argentino con cuatro efectos determinantes:
Desprotección del trabajador individual, al flexibilizar derechos, períodos de prueba, salarios y jornadas.
Debilitamiento del salario, ampliando rubros no remunerativos y eliminando garantías tradicionales.
Desarticulación del sindicalismo, afectando financiamiento, representación, negociación y derecho de huelga.
Restricciones al acceso a la justicia, acelerando caducidades y reduciendo sanciones a empleadores.
La discusión en el Congreso promete convertirse en uno de los debates sociales, jurídicos y políticos más relevantes de los últimos años, con impacto directo en millones de trabajadores y en el modelo de relaciones laborales vigente en el país.
Comentarios