La Justicia ordenó sumar a López y sacude al Concejo de La Quiaca

Nuevo capítulo en la crisis institucional de La Quiaca. El Poder Judicial de Jujuy hizo lugar a una medida cautelar presentada por la concejal electa Marcela López y ordenó su inmediata incorporación al Concejo Deliberante, fijando un plazo máximo de diez días para cumplir la resolución.

La dirigente había sido elegida en los comicios legislativos provinciales de mayo pasado junto a Gustavo Farfán (Movimiento Único Independiente) y Silvano Velázquez (Frente Jujuy Crece). Sin embargo, denuncias vecinales contra López y Farfán frenaron sus asunciones, quedando el cuerpo deliberativo funcionando con solo cuatro de sus seis miembros.

Mientras Velázquez asumió en diciembre sin objeciones, la situación de los otros dos quedó sujeta a la definición judicial. Ahora, con el fallo a favor de López, el escenario político local vuelve a tensarse.

El presidente del Concejo, Hugo Barro, aseguró que respetará lo dispuesto: "Debo obedecer lo que dice la Justicia". No obstante, adelantó que el cuerpo ejercerá su derecho a réplica dentro del plazo otorgado. "Si la Justicia insiste en que debe asumir, no tengo problema en que ocupe su banca", afirmó.

El punto más controvertido gira en torno a una supuesta doble función que habría desempeñado López en 2023: como empleada municipal y, al mismo tiempo, como secretaria parlamentaria del Concejo. Según Barro, existen registros administrativos que muestran superposición de horarios entre tareas en el cementerio municipal y asistencia a sesiones deliberativas.

Además, en diciembre también ingresaron denuncias contra Farfán por usurpación y múltiples casos de violencia de género, situación que mantiene en suspenso su eventual asunción hasta que la Justicia se expida.

Barro adelantó que la incorporación de López deberá concretarse en sesión, una vez iniciado el período ordinario y con quórum suficiente. "No puedo hacerlo solo", aclaró.

El fallo reconfigura el tablero político quiaqueño y deja al Concejo ante una definición clave: cumplir sin objeciones o insistir con planteos administrativos sobre la legalidad del doble cargo. Mientras tanto, la ciudad sigue con un Deliberante incompleto y bajo la lupa pública.