La Justicia anuló el protocolo antipiquetes y marcó un límite al Gobierno

La Justicia federal dio un fuerte revés al Gobierno nacional al declarar inválido el protocolo antipiquetes que había sido implementado para regular el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y protestas. La decisión marca un precedente relevante en torno a los límites del Ejecutivo frente al derecho constitucional a la protesta.

El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y dejó sin efecto la Resolución 943/23, impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Según el magistrado, el instrumento no cumple con los requisitos básicos para ser considerado un acto administrativo válido.

En su resolución, Cormick sostuvo que el protocolo carece de sustento legal suficiente y vulnera garantías constitucionales. Remarcó que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus funciones al avanzar sobre atribuciones que corresponden al Poder Legislativo y al Poder Judicial, bajo el argumento de ordenar el tránsito y coordinar la actuación policial. En ese marco, advirtió que una resolución ministerial no puede modificar, directa o indirectamente, normas de carácter penal o procesal, según informaron desde Radio Mitre.

Otro de los aspectos cuestionados en el fallo es que el protocolo no se limitaba a fijar pautas operativas para las fuerzas de seguridad, sino que establecía reglas que, en la práctica, restringían el ejercicio del derecho a la protesta social, algo que solo puede ser regulado mediante leyes sancionadas por el Congreso.

Tras conocerse la sentencia, desde el CELS celebraron la decisión judicial y destacaron que el fallo fija límites claros al accionar del Ministerio de Seguridad. Señalaron además que se trata de un pronunciamiento que reafirma la vigencia de los derechos constitucionales y frena intentos de regularlos a través de resoluciones administrativas.

La nulidad del protocolo vuelve a poner el foco sobre los operativos desplegados en protestas recientes, entre ellas la movilización de la CGT contra la reforma laboral realizada a mediados de diciembre, una de las últimas manifestaciones en las que el esquema fue aplicado antes del fallo judicial.