Justicia más moderna en Jujuy: el MPA y la Suprema Corte firmaron convenios clave

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Suprema Corte de Justicia de Jujuy avanzaron en una agenda conjunta para modernizar el sistema judicial provincial, tras la firma de dos convenios clave orientados a mejorar la investigación penal y reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Los acuerdos fueron rubricados por el procurador general del MPA, Alejandro Atilio Bossatti, y el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Gabriel Miranda, en un acto que contó con la participación de autoridades y funcionarios de ambos organismos.

Uno de los convenios establece un esquema de cooperación para la utilización de la Cámara Gesell en la toma de declaraciones a niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida. El objetivo central es evitar la revictimización, garantizar intervenciones especializadas y asegurar el respeto del debido proceso, en línea con la normativa vigente y los estándares de protección de derechos humanos.

El segundo acuerdo apunta a fortalecer la investigación penal mediante la regulación del uso de herramientas tecnológicas destinadas al análisis de información digital. En ese marco, se fijaron criterios claros sobre la coordinación técnica, los plazos de trabajo, la custodia de la evidencia y la priorización de requerimientos, reafirmando que la dirección de la investigación corresponde exclusivamente al Ministerio Público de la Acusación.

Además, se dispuso el préstamo en comodato de estaciones forenses de alto rendimiento, que permanecerán físicamente en dependencias del MPA para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y resguardo. También se acordó la implementación de un protocolo operativo común que asegure la integridad de la prueba digital, la celeridad de los procesos y el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Con estos convenios, ambas instituciones buscan consolidar un trabajo articulado, incorporar tecnología especializada y unificar criterios de actuación, con el objetivo de construir una justicia más eficiente, moderna y centrada en la protección de derechos.