Escándalo en Jujuy: imputaron por peculado al exprocurador del MPA Sergio Lello Sánchez

La Justicia penal de nuestra provincia vive horas de máxima tensión tras confirmarse un verdadero bombazo institucional. El exprocurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Enrique Lello Sánchez, fue formalmente imputado en el marco de una investigación penal que busca determinar si malversó fondos públicos mientras estuvo al frente del organismo encargado de perseguir el delito en Jujuy. En una audiencia que sacudió los pasillos tribunalicios, la fiscal de Investigación Penal Daiana Alejandra Serrano Antar le notificó al exfuncionario la pesada acusación que recae sobre sus hombros dentro del legajo judicial, dándole inicio formal a un proceso penal que promete desatar un enorme escándalo político.

La causa que tiene a Lello Sánchez bajo la lupa de los investigadores es por la presunta autoría del delito de "peculado de servicio, diecisiete hechos en concurso real". Según consta en los expedientes de la causa, las presuntas maniobras delictivas se habrían cometido de manera sistemática y continuada durante su largo paso por la cúpula judicial, abarcando el período en el que se desempeñó como fiscal general desde 2016 y luego, a partir de marzo de 2024, como procurador general del MPA. 

La figura del peculado, contemplada en el artículo 261 del Código Penal, prevé penas durísimas que van desde los 2 a los 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para los funcionarios que utilicen en provecho propio o de terceros los servicios pagados por la administración pública, consignó El Tribuno de Jujuy. Al acumularse tantos hechos en concurso real, la escala penal se eleva considerablemente, lo que complica seriamente su panorama judicial. 

Para entender cómo se llegó a esta imputación histórica, hay que hacer memoria y remontarse a la agitada jornada del 2 de octubre del año pasado. En aquella sesión legislativa se reflotó un pedido de juicio político contra el entonces procurador y su adjunto Ignacio Pasquini, impulsado por exfuncionarios judiciales que habían sido desplazados de sus cargos. Tras la suspensión inmediata dictada por la Legislatura, se ordenó un espectacular allanamiento en la sede central del MPA, ubicada sobre la calle Sarmiento en pleno microcentro de San Salvador. En aquel operativo, la policía secuestró computadoras, discos rígidos, servidores y celulares corporativos que hoy son las pruebas clave del caso. 

Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la notificación, Lello Sánchez asumió su propia defensa y recusó a la fiscal Serrano Antar para tratar de apartarla de la causa. Ahora, un juez de Control deberá definir si acepta el planteo del exprocurador o si ratifica a la fiscal para que siga adelante con la investigación.