Gobernadores en alerta: la reforma laboral podría recortar fondos clave a las provincias

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo foco de conflicto con las provincias. Gobernadores de distintos signos políticos advirtieron que la iniciativa contiene un capítulo tributario que podría provocar fuertes recortes en los fondos coparticipables, especialmente a partir de modificaciones en el impuesto a las Ganancias y la eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios.

El eje de la preocupación está puesto en los cambios propuestos sobre Ganancias, uno de los tributos de mayor peso en la coparticipación federal. El proyecto plantea una reducción de alícuotas para las sociedades de mayores ingresos y la exención del impuesto al alquiler de viviendas, medidas que, de aprobarse, implicarían menores transferencias automáticas a las provincias.

Según un informe del IARAF, el costo fiscal directo anual de estas modificaciones sería equivalente al 0,22% del PBI, unos $1,9 billones. De ese total, $1,12 billones impactarían directamente en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto correspondería al Estado nacional.

Provincias más afectadas

La pérdida de recursos no sería uniforme. De acuerdo al mismo informe, la provincia de Buenos Aires encabezaría el ranking de distritos más perjudicados, con una merma cercana a los $238.500 millones. Le seguirían Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza, entre otras.

Este escenario genera resistencia en un contexto de caída de la actividad económica, donde los gobernadores enfrentan menores ingresos y mayores demandas sociales.

Transferencias y tensiones políticas

Si bien las transferencias automáticas a las provincias registraron en el último año una suba real del 1,7%, distintos informes advierten que esos niveles se mantienen por debajo de los valores registrados entre 2018 y 2023. Además, gobernadores opositores sostienen que los aumentos más significativos se concentraron en distritos alineados con la Casa Rosada, a través de compensaciones distribuidas de manera discrecional.

Este esquema profundizó las tensiones políticas y alimentó la desconfianza frente a una reforma que, según denuncian, beneficia a grandes empresas mientras debilita las finanzas provinciales.

"Una reforma tributaria encubierta"

Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich fue uno de los más duros. Calificó la iniciativa como una "reforma tributaria encubierta", al señalar que la reducción de alícuotas en Ganancias favorece a un mínimo porcentaje de sociedades: apenas el 1% de las empresas, que concentran más del 76% de la recaudación del impuesto.

El proyecto reduce la alícuota del 30% al 27% y la del 35% al 31,5% para los tramos más altos. Capitanich estimó que este beneficio tendría un costo fiscal cercano a los 2.179 millones de dólares.

A esto se suma la eliminación de impuestos internos a rubros como vehículos de lujo, embarcaciones, aeronaves, telefonía celular, seguros y artículos suntuarios, tributos coparticipables desde 1996. Según distintos cálculos, el impacto fiscal anual oscilaría entre 334 y 548 millones de dólares, recursos que hoy forman parte del financiamiento provincial.

Negociaciones abiertas

El Gobierno reconoce que las negociaciones con los gobernadores serán complejas. Tras la firma del dictamen, el oficialismo prevé retomar las conversaciones en las próximas semanas con la intención de llevar el proyecto al recinto a mediados de febrero.

El principal interrogante es si el capítulo tributario se mantendrá sin cambios o si será modificado para atenuar el impacto sobre la coparticipación. Por ahora, las provincias advierten que, tal como está redactada, la reforma laboral podría significar un duro golpe a sus ingresos y reavivar un conflicto político de alto voltaje./LA NACIÓN