Fuerte rechazo a la disolución de la ANDIS: alertan por retroceso en derechos

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy manifestó su adhesión al comunicado emitido por la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en el que se rechaza la disolución de la ANDIS y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud, al considerar que la medida implica una gravedad institucional y un retroceso en materia de derechos.

Desde ADPRA señalaron que la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad supone una afectación directa a la institucionalidad pública, ya que se suprime un organismo rector con competencias específicas y transversales, reemplazándolo por una estructura sectorial que no resulta equivalente ni en jerarquía, ni en funciones, ni en capacidad de coordinación interministerial.

En el comunicado se remarca que la discapacidad no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva sanitaria. Reducirla al ámbito de la salud implica volver a una mirada medicalizante y reduccionista, superada por los estándares internacionales, que desconoce dimensiones clave como lo social, jurídico, educativo, laboral, habitacional, cultural, comunicacional y comunitario. "Las personas con discapacidad no son pacientes, son sujetos plenos de derechos", subraya el texto.

Este enfoque integral está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional en Argentina y obliga al Estado a diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, dejando de lado esquemas asistencialistas o meramente clínicos.

En ese marco, la Defensoría advirtió que la eliminación de la ANDIS no constituye una simple reorganización administrativa, sino que implica la desarticulación de una institucionalidad especializada, creada para promover, coordinar y garantizar políticas públicas transversales en todos los niveles del Estado.

Entre los riesgos concretos mencionados se encuentran la pérdida de especialización técnica, la dilución de responsabilidades, el debilitamiento de la rectoría estatal, la fragmentación de políticas públicas y la afectación del acceso efectivo a derechos de las personas con discapacidad.

ADPRA recordó además que, pese a sus limitaciones, tanto la ANDIS como su antecedente, la CONADIS, funcionaron como espacios institucionales válidos para la formulación, articulación y seguimiento de políticas públicas, con participación de organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias. En ese sentido, sostuvieron que las falencias de gestión deben resolverse mediante el fortalecimiento y profesionalización del organismo, y no con su eliminación.

Finalmente, el comunicado advierte que resulta jurídicamente improcedente afirmar que no habrá retrocesos solo por la continuidad de prestaciones económicas. Los derechos de las personas con discapacidad -afirman- no se agotan en pensiones o subsidios, sino que requieren presencia estatal activa, capacidad institucional autónoma y un enfoque intersectorial que garantice igualdad real de oportunidades.

Para la Defensoría del Pueblo de Jujuy, avanzar con la disolución de la ANDIS sin un debate amplio, informado y participativo constituye una medida regresiva, incompatible con el principio de no regresividad en derechos humanos y con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina.