Exigen la detención urgente del exprocurador Lello Sánchez: los motivos

La paciencia de la comunidad judicial se terminó y el escándalo político más grande de los últimos tiempos en nuestra provincia entró en una fase de extrema tensión de la que habla todo San Salvador. Luego de que se confirmara la histórica imputación penal contra el exprocurador general, Sergio Lello Sánchez, por el delito de peculado de servicio (con veinte hechos en concurso real), los abogados denunciantes y las víctimas salieron con los tapones de punta. 

Sin vueltas, le exigieron a la Justicia penal de Jujuy que ordene su inmediata detención preventiva. El argumento es clarito y hace parar la oreja a cualquiera: dejar a este hombre en libertad representa un peligro latente, ya que todavía conserva resortes de poder e influencias adentro de tribunales que podría usar para amedrentar a los testigos o, peor aún, armar las valijas y desaparecer del mapa.

Los detalles que salieron a la luz en las últimas horas sobre cómo se manejaba el Ministerio Público de la Acusación (MPA) parecen sacados de una película de impunidad total. El abogado querellante Julián Martín Palmieri destapó una olla rancia al detallar la causa que lleva adelante la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar. 

Según la denuncia, Lello Sánchez utilizaba tanto los recursos humanos como los materiales del Estado para su provecho y lujo personal. El letrado acusó directamente al exprocurador de mandar a empleados que cobraban su sueldo del presupuesto público del MPA a construirle una pileta y un quincho en su casa particular, sin poner un solo peso de su bolsillo. Para colmo, se sumaron testimonios de personas a las que les habían secuestrado los vehículos en causas judiciales, denunciando que Lello Sánchez se los entregaba de "gauchada" a sus amigos y terceros sin ninguna resolución legal que lo avale.

Por otro lador el crudo testimonio del licenciado Alejandro Zamar, psicólogo y perito del MPA rompió el silencio tras sufrir persecuciones y el armado de causas falsas en su contra. Expuso el presunto calvario que se vivía puertas adentro. La situación fue tan límite que el profesional tuvo que trasladar a su familia a otra provincia antes de denunciar. Zamar describió la gestión anterior como un "régimen de terror" donde las amenazas de despido habrían sido moneda corriente: "Abríamos el placard y salía el cuco", graficó con dolor. 

Mientras tanto, el imputado ya empezó a mover sus fichas técnicas: se autodesignó como su propio defensor y recusó a la fiscal Serrano Antar, una maniobra que los abogados Alberto Bellido y Palmieri tildaron de "chicana neta" para dilatar los plazos y ganar tiempo ahora que se vienen los quince días de la feria judicial de invierno, el momento ideal que temen que aproveche para fugarse. Con más de una decena de nuevos empleados evaluando sumarse como denunciantes la próxima semana, la presión sobre el juez de control Rodolfo Fernández es total: la provincia exige que la justicia se ponga los pantalones.