El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal: cómo impacta en los contribuyentes

En medio de un debate intenso y con posiciones enfrentadas, el Senado sancionó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional como parte de su estrategia económica y respaldada de manera explícita por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos y 26 negativos, tras una sesión marcada por cruces políticos y fuertes cuestionamientos.

Una votación dividida y apoyos clave

El oficialismo logró construir una mayoría con el acompañamiento del PRO, la UCR, senadores alineados con distintos gobernadores y legisladores que suelen despegarse de los bloques tradicionales. En contrapartida, el kirchnerismo votó de forma unificada en rechazo del proyecto, bajo el argumento de que la ley beneficia a contribuyentes que operaron fuera de la legalidad y debilita las herramientas de control del Estado.

Cruces en el recinto y posturas enfrentadas

Durante el debate, desde el Gobierno defendieron la iniciativa como un mecanismo para incentivar la regularización de fondos, atraer divisas y reducir la litigiosidad tributaria. La oposición, en cambio, advirtió que el nuevo esquema podría funcionar como un "premio" para quienes evadieron impuestos, en detrimento de los contribuyentes cumplidores.

Cambios en el régimen tributario

La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La normativa no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El principio de "inocencia fiscal"

Uno de los ejes centrales de la norma establece que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo que exista prueba concreta en contrario. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deja de estar obligada a realizar denuncias penales automáticas cuando las diferencias surgen de interpretaciones técnicas o contables sin indicios de maniobras dolosas.

Nuevos montos para delitos tributarios

La ley actualiza de manera significativa los valores a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. El umbral para la evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada asciende de $15 millones a $1.000 millones.

Extinción de causas y plazos más cortos

Otro punto relevante es la posibilidad de cerrar causas penales ya iniciadas mediante el pago total de la deuda más un adicional del 50%, dentro de un plazo de 30 días. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez. Además, si prescriben las facultades del Estado para exigir un tributo, también se extingue la persecución penal asociada.

Declaración Jurada Simplificada

La norma incorpora un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador.

Un paso clave en la estrategia económica

Con la sanción de esta ley, el Gobierno avanza en una de sus reformas centrales en materia fiscal, en un contexto marcado por la necesidad de ampliar la base tributaria, reducir la conflictividad judicial y generar condiciones para la formalización de capitales.