El Gobierno evalúa eliminar la figura del femicidio
Bullrich confirmó que la Casa Rosada aún no definió si mantendrá esa figura agravada y que también se analiza la imprescriptibilidad de la corrupción.
El Gobierno dejó trascender que las últimas versiones del nuevo Código Penal, que será enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, todavía están en revisión. Entre los puntos más sensibles que se discuten figura la eventual eliminación de la figura del femicidio y la posibilidad de declarar imprescriptibles determinados delitos de corrupción.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia en la que evitó confirmar si el agravante por femicidio seguirá vigente. Desde el Ejecutivo admiten que la decisión se tomará entre este lunes y martes. "Todo está a estudio", señaló una fuente oficial consultada por este medio.
La discusión no es nueva. En enero de 2025, el Gobierno ya había impulsado un proyecto bajo el concepto de "igualdad ante la ley", que proponía derogar normas basadas en acciones de "discriminación positiva". En esa línea, el presidente Javier Milei sostuvo en el Foro de Davos que la pena por el homicidio de una mujer no debería diferir de la aplicada por matar a un hombre.
El debate generó interrogantes sobre si un eventual cambio podría favorecer a condenados por femicidio. Desde el oficialismo responden que la supresión de la figura no habilitaría reclamos por la ley más benigna, aunque evitaron dar precisiones antes de que se cierre el texto final. La redacción está en manos de Bullrich; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal.
Otro punto que sigue en análisis es la imprescriptibilidad de la corrupción. Aunque el rumor tomó fuerza en las últimas horas, la ministra aclaró que todavía no hay una definición. Sí está confirmado que los funcionarios condenados por delitos de este tipo no podrán mantener su jubilación de privilegio.
El borrador del Código Penal sí incluye como imprescriptibles los delitos considerados graves y gravísimos, entre ellos homicidio agravado, abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y secuestros extorsivos.
El proyecto también plantea reformulaciones en penas y criterios de responsabilidad. Para los homicidios simples, la condena máxima pasaría de 25 a 30 años. Los agravantes que contemplan prisión perpetua incorporarán nuevas circunstancias: asesinato de autoridades educativas en función, magnicidios y crímenes cuyas víctimas sean menores de 16 años o adultos mayores de 65.
Además, las lesiones ocasionadas por conducción imprudente aumentarán sus escalas: de 2 a 6 años en su modalidad básica y de 3 a 6 en su variante agravada. El Gobierno también impulsa modificar el concepto de legítima defensa para favorecer la presunción a quien se defiende.
Otra novedad es que las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal. Y para los casos en los que los condenados accedan a salidas transitorias o cumplan la pena, la primera en ser notificada será la víctima.
El nuevo Código Penal será de aplicación federal y alcanzará a todas las provincias. El equipo jurídico del Ejecutivo termina de ajustar el documento que será enviado al Congreso en los próximos días.
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