El Gobierno endurece el castigo por usurpaciones e impulsa prisión y deportaciones

El Ministerio de Justicia avanzó con una profunda reforma del Código Penal en el marco del Plan Tolerancia Cero con el Crimen, una iniciativa que busca endurecer las sanciones penales y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas. 

Entre los principales cambios, se destaca el aumento severo de las penas por usurpación, con el objetivo de que este delito deje de resolverse con condenas en suspenso y pase a implicar prisión efectiva.

La propuesta también contempla que los extranjeros condenados por usurpación sean deportados, una medida que apunta a desalentar este tipo de delitos y reforzar el control penal sobre quienes no poseen ciudadanía argentina.

Según explicaron desde la cartera judicial, el nuevo Código Penal plantea un enfoque más estricto frente al delito: elimina la prescripción en los casos más graves, limita de manera significativa las salidas anticipadas y busca evitar que asesinos y delincuentes reincidentes recuperen la libertad antes de cumplir sus penas. La intención central es cerrar los márgenes legales que, hasta ahora, permitían reducciones de condena.

Otro de los puntos más sensibles del plan es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. La medida apunta a que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados dentro del sistema penal y reciban sanciones acordes a la gravedad de los hechos, bajo un régimen específico.

La reforma se completa con la expansión del Sistema Acusatorio, que ya funciona en más de la mitad del país. Este modelo permite procesos más ágiles y sentencias en plazos mucho más cortos, fortaleciendo la respuesta judicial frente al delito.

Desde el Gobierno sostienen que se trata de un paquete integral de medidas destinadas a reforzar la seguridad, acelerar la Justicia y asegurar que quienes delinquen cumplan efectivamente las condenas impuestas.