El Gobierno daría de baja a 7 mil empleados públicos

En el marco de su estrategia de ajuste del Estado, el presidente Javier Milei tiene previsto firmar un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según fuentes oficiales, ordenará la no renovación de los contratos de los empleados públicos que ingresaron a partir de enero de este año.

La medida, que se espera sea publicada este martes, también contempla la revisión de la situación de aquellos que estén empleados desde antes de esa fecha. Se estima que alrededor de siete mil trabajadores de diversas áreas del Gobierno se verán afectados por esta medida, excluyendo únicamente a aquellos que desempeñan funciones en empresas o sociedades estatales.

El primer artículo del DNU establece que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas". Esta disposición abarcará a empleados transitorios y de otras modalidades de contratación que finalicen al 31 de diciembre de 2023 en la administración nacional, así como en entes públicos como la ANSES, el PAMI y la AFIP.

Se excluye a empleados de planta permanente y a aquellos cuya modalidad de contratación haya cambiado antes del 1 de enero de 2023. Además, se permitirá la renovación de aquellos que el titular de cada jurisdicción considere indispensable para el funcionamiento de la misma, siempre y cuando esté fundamentado.

El Decreto también exige un relevamiento exhaustivo de los empleados cuya fecha de ingreso a la administración sea anterior al 1 de enero de 2023, con el objetivo de evaluar su continuidad. La renovación de la contratación deberá estar fundamentada y no podrá extenderse por más de noventa (90) días corridos.

Las áreas gubernamentales deberán informar el cumplimiento de este DNU al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien tendrá la facultad de dictar normas complementarias y aclaratorias si fuera necesario.