Tobilleras y calabozos-containers, así serían las nuevas cárceles. ¿Llegarán a Jujuy?

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, buscaron transmitir un mensaje de reconciliación con un anuncio conjunto sobre un tema que comparten desde la campaña pero que había generado tensiones desde diciembre: la política de seguridad. La Ciudad de Buenos Aires se comprometió a construir más calabozos, reforzar las medidas de custodia con tobilleras electrónicas para detenidos en tránsito o con penas leves, y retomar los planes para una nueva cárcel propia, mientras se resuelve el problema de la sobrepoblación en las comisarías y alcaidías de la Ciudad.

El anuncio, realizado en conjunto por Macri y Bullrich, tiene un importante mensaje político detrás, además de comunicar medidas concretas. Desde la gestión de Jorge Macri buscan reparar ciertos puentes con el gobierno nacional, cuyas relaciones se han vuelto más frágiles de lo esperado. "Hasta ahora solo hemos hecho demandas debido a todo lo irresuelto. La idea es cambiar el tono", comentó un funcionario porteño a El Cronista.

Es relevante considerar la relación entre Macri y Bullrich en el contexto de la interna del PRO, con el alcalde porteño ganando posiciones en la estructura de la Ciudad con el regreso de su primo, Mauricio Macri, al liderazgo partidario. Mientras tanto, Bullrich se consolida como uno de los pilares del presidente Javier Milei, mientras los libertarios se preparan para negociar con el PRO en 2025 desde una posición diferente.

Tanto Macri como Bullrich buscaron un denominador común para atribuir la responsabilidad original de la crisis carcelaria a "la herencia". Aunque dirigido a destinatarios diferentes, Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y Alberto Fernández a nivel nacional, la transferencia de responsabilidades destaca que los dos gobiernos anteriores fueron opositores a ellos, tanto en la interna como en la competencia nacional.

Ambas partes resaltan que la herencia recibida tanto en Ciudad como en Nación con respecto a los presos alojados en comisarías ha alcanzado una situación crítica. En 2020, había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que hoy se contabilizan alrededor de 2000, lo que implica una sobrepoblación del 100%.

Una cuarta parte de esta población carcelaria aumentó debido a la demora en cumplir con las cuotas de transferencias a cárceles federales por parte del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, en el último tiempo, Nación ha retomado el traslado a cárceles federales, aunque con algunas limitaciones, lo que apenas ha producido una disminución leve en la población carcelaria de la Ciudad.

Desde el punto de vista legal, las autoridades porteñas señalan que muchos de estos detenidos no son comunes, ya que tienen condena firme y deberían estar alojados en un penal. Además, la mayoría de ellos están involucrados en delitos juzgados por la Justicia nacional. Por otro lado, hay 340 delincuentes extranjeros en las comisarías de la Ciudad, cuya situación debe ser resuelta por Nación.