Chau contratos en las Islas Malvinas: petroleras decidieron cumplir las leyes argentinas

El reclamo histórico por la soberanía de nuestras Islas Malvinas sumó un capítulo de altísimo impacto en las últimas horas, y esta vez el escenario fue el corazón del negocio petrolero global. Tras la publicación del Decreto 868/26 firmado por el presidente Javier Milei, tres de las empresas de servicios hidrocarburíferos más poderosas del planeta -la francesa SLB (Schlumberger) y las estadounidenses Baker Hughes y Halliburton- anunciaron oficialmente que no participarán de ninguna licitación ni prestarán soporte a las tareas de exploración o extracción de petróleo en los espacios marítimos del Atlántico Sur que nuestro país reclama como propios.

El anuncio cayó como una verdadera bomba en el sector energético internacional. A través de un comunicado firmado por Schlumberger Argentina S.A., SLB ratificó su compromiso de respetar las leyes de nuestro país y dar un paso al costado de cualquier proyecto alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Pocas horas después, las autoridades confirmaron la misma postura por parte de Baker Hughes y Halliburton. Esta estrategia del Gobierno nacional, que incluyó la modificación de la Ley 26.659 para endurecer las penas a firmas que colaboren con la explotación no autorizada y el inicio de expedientes sancionatorios contra 45 personas y empresas, fue muy bien recibida por la conducción de YPF, desde donde destacaron que la permanencia de estos gigantes en el territorio continental es una señal excelente para el futuro de la energía en el país.

A pesar del portazo de estas tres multinacionales clave, los dueños del polémico proyecto "Sea Lion" -la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration- salieron a declarar que seguirán adelante con sus planes extractivos sin importar las medidas de Argentina. Sin embargo, quedarse sin el respaldo tecnológico y la logística de primera línea que brindan SLB, Halliburton y Baker Hughes representa un dolor de cabeza enorme y una traba operativa gigante para la exploración en la zona. El mapa del Atlántico Sur vuelve a moverse con fuerza, demostrando que la presión legal y económica sobre los recursos naturales es una batalla decisiva para todos los argentinos.