Al fin cárceles sin celulares: así será el bloqueo en los penales provinciales
El Gobierno nacional amplió el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales que adhieran al protocolo. Podrán inhabilitar equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas activadas dentro de los penales.
El Gobierno nacional habilitó un nuevo mecanismo para bloquear celulares en cárceles provinciales. La medida quedó establecida en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanzará a las provincias que adhieran al protocolo nacional.
El objetivo es impedir que los teléfonos sean utilizados dentro de los penales para planificar, organizar o coordinar delitos desde el encierro.
La medida extiende a las cárceles provinciales un sistema que ya se aplicaba en establecimientos penitenciarios federales.
El Gobierno amplió el bloqueo de celulares a los penales provinciales que adhieran al protocolo.
Qué van a bloquear
El procedimiento contempla la inhabilitación de tres elementos vinculados a cada dispositivo detectado:
- IMEI: es el número que identifica al equipo celular.
- IMSI: está asociado a la tarjeta SIM.
- Línea telefónica: corresponde al número utilizado para el servicio.
El alcance incluye los equipos que sean activados dentro del área de detención y también en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.
El sistema permitirá bloquear el equipo, la tarjeta SIM y la línea telefónica.
¿Las empresas bloquearán los celulares directamente?
No.
La resolución establece que los bloqueos deberán contar con una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ese organismo será el canal encargado de comunicar a las empresas de telefonía los pedidos correspondientes a las provincias que se incorporen al protocolo.
De esta manera, una provincia no podrá solicitar directamente a una compañía el bloqueo de una línea, SIM o equipo, aunque haya adherido al sistema nacional.
La medida nació tras un pedido de Mendoza
La incorporación de los penales provinciales al esquema se produjo luego de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom.
La cartera mendocina había advertido sobre el uso de teléfonos dentro de las cárceles provinciales y planteó la necesidad de contar con un respaldo normativo que permitiera incluir expresamente a esos establecimientos en el sistema preventivo.
Mendoza también avanzó con una licitación para adquirir plataformas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.
Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal.
El bloqueo no debería afectar a quienes viven cerca de las cárceles
Uno de los puntos centrales de la resolución es que la tecnología utilizada deberá evitar que el bloqueo alcance las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario.
La exigencia busca impedir que la medida afecte a vecinos, comercios y otros usuarios que se encuentren fuera de las cárceles.
Las empresas de telefonía también deberán registrar y conservar las gestiones realizadas en el marco del procedimiento.
Según la normativa, esos registros deberán mantenerse con criterios de integridad y trazabilidad y quedar disponibles cuando sean requeridos por usuarios o autoridades.
Por qué el Gobierno decidió avanzar con el bloqueo
En los fundamentos de la resolución, el Enacom vinculó la medida con la necesidad de prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros relacionadas con el uso de tecnologías de telecomunicaciones.
El organismo también recordó que el artículo 160 de la Ley 24.660 prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro del sistema penitenciario.
La Resolución 734/2026 modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales denunciadas por robo, hurto o extravío y agregó esta herramienta para los establecimientos penitenciarios alcanzados.
Un antecedente judicial que volvió a poner el foco en los celulares
La nueva medida se conoce meses después de un caso judicial ocurrido el 21 de febrero de 2026.
Ese día, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la denominada Banda del Millón.
Los sospechosos estaban siendo investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y habían sido señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.
Con el nuevo esquema, el Gobierno busca establecer un mecanismo nacional para restringir el uso de telefonía móvil dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales que adhieran al protocolo.
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