Trabajo social, multas económicas y arresto para acosadores callejeros en Jujuy
"Si son menores, niñas de 12 años por ejemplo, el objetivo es que las penas y sanciones sean más severas", explicó la diputada Verónica Valente.
Impulsan en Jujuy sanciones más duras contra el acoso sexual callejero
En el marco del Mes de la Mujer, ingresó a la Legislatura de Jujuy un proyecto que propone modificar el Código Contravencional (Ley 5.860) para incorporar sanciones específicas contra el acoso sexual callejero. La iniciativa busca reconocer y castigar formalmente este tipo de violencia que se produce en espacios públicos o en lugares privados de acceso público, cuando las conductas no constituyen un delito penal, pero afectan la dignidad, la libertad y el derecho de las personas a transitar sin miedo.
El proyecto define al acoso sexual callejero como cualquier conducta física o verbal con connotación sexual realizada sin consentimiento, capaz de generar intimidación, hostilidad o humillación. Entre las situaciones contempladas se encuentran comentarios de contenido sexual, gestos obscenos, insinuaciones, persecución, arrinconamiento o contacto físico indebido. Estas acciones, aunque muchas veces naturalizadas, representan una forma de violencia de género que impacta principalmente en mujeres y niñas.
En cuanto a las sanciones, la propuesta plantea la incorporación del artículo 55° bis al Código Contravencional, estableciendo 30 días de trabajo comunitario, multas económicas y hasta 12 días de arresto para quienes incurran en este tipo de conductas. Además, se busca que el 50% del dinero recaudado por las sanciones económicas sea destinado a recursos y programas de prevención, orientados a proteger a las mujeres y generar campañas de concientización sobre esta problemática.
El proyecto también propone que las penas se agraven significativamente cuando la víctima sea menor de edad, especialmente en casos que involucren a niñas desde los 12 años. En esas situaciones se plantea endurecer tanto las sanciones económicas como las tareas comunitarias y las medidas de arresto, con el objetivo de brindar una mayor protección a las víctimas más vulnerables.
Hablamos con la diputada Verónica Valente y esto arrojó al respecto:
Finalmente, la iniciativa pone el foco en la importancia de garantizar un abordaje adecuado al momento de recibir denuncias. En ese sentido, se remarca que el personal que intervenga debe actuar con perspectiva de género, en línea con la adhesión a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios y trabajadores del Estado. De esta manera, se busca asegurar sensibilidad, acompañamiento y una respuesta institucional acorde frente a quienes denuncian situaciones de acoso callejero.
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