Qué es Finca Karina: la aduana paralela en la frontera que recaudaba millones al año
Durante años funcionó como un punto clave del contrabando entre Argentina y Bolivia. La Justicia confirmó que no era algo improvisado.
El caso conocido como Finca Karina sacó a la luz algo que en la frontera norte muchos sabían, pero pocos se animaban a decir en voz alta: durante años funcionó una aduana paralela en plena zona de seguridad fronteriza, sin controles efectivos del Estado.
La investigación federal no solo puso en la mira a once personas imputadas por contrabando agravado, sino que dejó expuesta una falla estructural grave en uno de los puntos más sensibles de Salta: Aguas Blancas, paso histórico de mercadería ilegal hacia el interior del país.
Dónde está y por qué es clave
Finca Karina está compuesta por dos predios ubicados a la vera del río Bermejo, que marca el límite natural entre Argentina y Bolivia. Esa ubicación fue clave: desde la margen boliviana, gomones cruzaban cargados de mercadería, desembarcaban directamente en el terreno y desde allí se redistribuía todo por caminos internos conectados con la ruta nacional 50.
Según el expediente, el lugar tenía:
Playa preparada para desembarco
Caminos internos consolidados
Puntos de control
Logística permanente
No era un paso ocasional: era una estructura estable, aceitada y conocida en la zona.
Qué se movía por Finca Karina
La Fiscalía Federal detalló que por este punto ilegal circulaba de todo:
Productos de consumo masivo
Sanitarios y materiales de corralón
Chatarra
Rieles ferroviarios robados del Chaco salteño
Vehículos robados que volvían a Bolivia
Y, según la acusación, también estupefacientes
Todo esto con un flujo constante de personas, camiones y compradores, en una zona que por ley debería tener controles reforzados.
Una organización con roles y millones en juego
Las audiencias ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, confirmaron que no se trataba de changas ni de economía informal.
La acusación sostiene que funcionaba una asociación ilícita, con:
División clara de roles
Jerarquías internas
Subordinaciones
Recaudación diaria millonaria
Actividad sostenida en el tiempo
La investigación formal arrancó el 26 de mayo, aunque las tareas de inteligencia venían de semanas antes.
El dato más delicado: la titularidad del predio
Uno de los puntos más sensibles del expediente es quién figura como dueña de uno de los terrenos. Se trata de la matrícula 10.383, de 18 hectáreas, a nombre de Gladis Gloria Salazar, técnica farmacéutica del Hospital San Vicente de Paúl de Orán.
El inmueble fue adquirido a su hermano en febrero por 20 millones de pesos, pero la escritura tiene un dato explosivo: no se pidió autorización especial para zona de frontera, algo obligatorio por ley.
Durante una audiencia, el juez French fue tajante y calificó como "insólito" que un terreno privado tenga esa titularidad en un área tan sensible.
Lo que nadie controló durante años
Fuentes judiciales coinciden en un punto: la carencia de actividad estatal fue el terreno fértil para que Finca Karina creciera. Aduana, fuerzas de control, organismos nacionales, provinciales y municipales miraron para otro lado durante años.
El contrabando se naturalizó como "trabajo de frontera" y esa tolerancia permitió que el negocio creciera a escala industrial.
Que durante años millonadas salieron y entraron por la frontera sin control, afectando precios, seguridad y economías locales, mientras el Estado estuvo ausente en una de las zonas más calientes del norte.
La investigación federal fue contundente al reconstruir el circuito de recaudación de Finca Karina, que funcionaba como una verdadera caja negra del contrabando en la frontera. Cada vehículo que ingresaba al predio debía pagar 2 mil pesos solo para entrar, y una vez en la playa se cobraban mil pesos por cada bulto cargado o descargado en los gomones. Con un flujo estimado de unos 300 vehículos por día, y un promedio de diez bultos por unidad, la recaudación diaria por ese sistema ilegal rozaba los 3 millones de pesos en efectivo. A eso se sumaban otros ingresos: dentro del predio operaban seis puestos de comida, cuyos dueños pagaban 20 mil pesos diarios por el "permiso" para trabajar, lo que agregaba más de 700 mil pesos semanales al circuito clandestino. Según un informe conjunto de ARCA y la Dirección General de Aduanas, con actividad seis días a la semana, las ganancias diarias superaban los 3,7 millones, con un movimiento mensual cercano a 229 millones de pesos y una recaudación anual que orillaba los 3.000 millones, todo generado en plena zona de seguridad fronteriza y sin control estatal.
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