Policía jujeño mató a un preso y quiso tapar todo: la Corte Suprema dejó sin efecto su libertad
El máximo tribunal del país revocó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que le había reducido la pena de prisión perpetua a 14 años al policía Alejandro Raúl Carlos. La causa volverá a los tribunales provinciales para que se dicte una nueva sentencia.
Un fallo de enorme trascendencia judicial y social dio un vuelco determinante en uno de los casos más graves de violencia institucional registrados en la provincia de Jujuy. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución que había beneficiado con la libertad al efectivo policial Alejandro Raúl Carlos, tras dejar sin efecto la polémica reducción de pena que se le había otorgado en 2020.
El trágico hecho se remonta al 30 de junio de 2006, cuando el joven Josué Saúl Mendoza fue detenido tras un altercado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la capital jujeña. Una vez alojado en una celda de la dependencia policial, la víctima sufrió una brutal golpiza a patadas y posteriormente fue estrangulada y sofocada hasta causarle la muerte. Con la clara intención de encubrir el homicidio, los uniformados involucrados armaron una escena en el baño de la comisaría para simular un suicidio por ahorcamiento, maniobra que fue desarticulada por las pericias forenses.
En el juicio oral y público, Carlos fue condenado a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y apremios ilegales. Sin embargo, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy recalificó su conducta como la de un partícipe secundario, rebajando la condena a apenas 14 años de prisión y otorgándole la inmediata libertad por dar por cumplida la pena.
Tras el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y el dictamen favorable del procurador general Eduardo Casal, los ministros de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- declararon que la revisión realizada por la justicia jujeña fue "ilegal y arbitraria", vulnerando el principio de cosa juzgada. De esta manera, el expediente retornará al ámbito judicial local, donde los tribunales de la provincia deberán emitir un nuevo pronunciamiento acorde a derecho que defina la situación procesal del imputado.


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