Policía federal jujeño acusado de arruinarle la vida a una nena: denuncian que tiene privilegios
Aunque la Justicia dictó 60 días de prisión preventiva contra el efectivo policial, la familia rechazó de plano que cumpla la medida en una casa de Tilcara, denunciando que reciben constantes amenazas de muerte y que hasta les desvalijaron la vivienda para infundirles miedo.
El corazón de San Salvador de Jujuy fue escenario de una jornada cargada de angustia, indignación y un pedido a gritos de justicia que conmovió a todos los transeúntes. La madre y la tía de una pequeña víctima de abuso sexual encabezaron una manifestación en Plaza Belgrano para denunciar el calvario que viven desde que decidieron romper el silencio.
El acusado es nada menos que un efectivo de la Policía Federal Argentina, imputado por delitos gravísimos agravados por la guarda. A pesar de que el fiscal de la causa logró que se fijen 60 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación, la familia se enteró con bronca de que la defensa del uniformado solicitó que cumpla ese tiempo cómodamente bajo prisión domiciliaria en la villa veraniega de Tilcara.
Las mujeres expusieron ante Jujuy al Momento la pesadilla que se desencadenó a fines de marzo, cuando la niña pudo revelar los abusos a su psicóloga tras un desesperado intento de autolesión. Lejos de encontrar paz tras la denuncia, el entorno familiar comenzó a sufrir un acoso sistemático: denunciaron que el imputado utilizó celulares desde la seccional donde estuvo alojado para amedrentarlas y que la casa de la familia fue cobardemente vandalizada y desvalijada con mensajes de muerte. Sin custodia policial en su puerta, las mujeres tuvieron que hacer un esfuerzo económico sobrehumano para pagar seguridad privada de su propio bolsillo ante el temor de sufrir un ataque en cualquier momento.
Durante el reclamo, los familiares valoraron el acompañamiento de los docentes y directivos de la escuela de la niña, como así también del Ministerio de Educación, quienes actuaron con contención inmediata cuando las dependencias policiales no activaron los protocolos a tiempo.
Con pruebas contundentes ya incorporadas al expediente -como el resultado de la Cámara Gesell y pericias médicas-, los vecinos y familiares prometieron no bajar los brazos y marchar todos los lunes en la plaza hasta garantizar que el efectivo cumpla la condena que le corresponde en una cárcel común, sin privilegios ni favoritismos de ningún tipo.


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