Fueron explotados laboralmente en finca y recibirán $15.000.000

Diez trabajadores rurales del sur de Salta que fueron rescatados de una situación de explotación laboral en noviembre de 2023, recibirán una reparación económica de $1.500.000 cada uno. La suma fue abonada por el empleador imputado, en el marco de un acuerdo de conciliación penal que fue homologado por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio.

El caso fue investigado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, pertenecientes al Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. También participaron del proceso el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial del imputado.

El hecho salió a la luz tras un operativo de inspección realizado el 9 de noviembre del año pasado en la finca "Suri Blanco", ubicada en Joaquín V. González. En el lugar, agentes de ARCA, la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima detectaron a una decena de trabajadores que realizaban tareas de desmonte en condiciones sumamente precarias, según informó NuevoDiario.

Los obreros denunciaron que no se les había provisto ropa ni herramientas adecuadas, debiendo utilizar sus propios elementos. Además, no contaban con agua potable ni instalaciones sanitarias, y dormían en un tráiler deteriorado. Fueron trasladados hasta allí desde Las Lajitas y permanecían en el lugar durante 15 días seguidos. Por cada quincena de trabajo se les pagaban $100.000, con un descuento de $30.000 por alimentos suministrados por el empleador.

El fiscal Toranzos formalizó la imputación el 5 de noviembre de 2024, acusando al responsable del lugar por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, bajo la modalidad de captación y traslado. La pena prevista para este delito oscila entre 4 y 8 años de prisión.

No obstante, las partes acordaron avanzar en una conciliación penal, contemplada en el Código Procesal Penal Federal, que permita una reparación integral del daño. El imputado abonó de manera inmediata un total de $15 millones, distribuidos equitativamente entre las diez víctimas, lo que fue considerado por la fiscalía y la defensa como una salida superadora a un largo litigio penal.

El Defensor de Víctimas valoró el acuerdo como una herramienta que evita impunidad y garantiza una respuesta efectiva para las personas afectadas. Además, se destacó que cada uno de los trabajadores fue informado detalladamente sobre los alcances del convenio y expresó su consentimiento por escrito.

El juez Bavio homologó el acuerdo resaltando su razonabilidad, proporcionalidad y el cumplimiento de los principios de armonía y pacificación social establecidos por el nuevo sistema procesal penal federal.

Este caso sienta un precedente importante en el abordaje judicial de la trata laboral, al incorporar mecanismos restaurativos que contemplan los derechos de las víctimas sin renunciar a la búsqueda de justicia.