Empresa jujeña mandaba carne a Bolivia de forma ilegal: movían una fortuna

La Justicia Federal de Jujuy profundizó la investigación por una operación de contrabando que involucra a una empresa cárnica de La Quiaca y a dos de sus empleados. La fiscalía imputó a la firma y a los trabajadores por contrabando de exportación e importación agravado, luego de detectarse el traslado ilegal de 15 medias reses hacia Bolivia y el hallazgo de más de $22 millones cuya procedencia no fue justificada.

La audiencia se realizó el viernes pasado ante el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, con la intervención de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero. Según se informó, la causa ya había tenido una primera formalización en junio, pero ahora se incorporó el agravante previsto en el artículo 865 inciso i del Código Aduanero, aplicable cuando el valor de la mercadería supera los tres millones de pesos. Además, se sumó la imputación a la empresa como responsable solidaria, de acuerdo con el artículo 887.

El caso se remonta al 11 de marzo de 2024, cuando efectivos del Escuadrón 21 La Quiaca de Gendarmería interceptaron a los dos empleados ingresando desde Bolivia por un paso no habilitado. Durante el control, uno de ellos portaba $22.638.550 y un teléfono celular, ambos secuestrados de inmediato. Ninguno de los trabajadores pudo explicar el origen del dinero, lo que activó la investigación.

De acuerdo con la fiscalía, cuatro días antes uno de los empleados había participado en el traslado ilegal de 15 medias reses utilizando un camión Iveco de la empresa. El transporte se habría realizado en dos etapas, por la mañana y por la tarde, hasta dejar el vehículo estacionado a escasos metros de la frontera, donde la carne fue transferida hacia territorio boliviano. La hipótesis se apoya en registros de geolocalización, antenas de telefonía e intercambios de mensajes entre el trabajador y su pareja, en los que se mencionan cargas, descargas y advertencias sobre la presencia de Gendarmería.

Para la fiscalía, la empresa también tuvo intervención directa en la maniobra. En el expediente constan presentaciones formales solicitando la restitución del dinero secuestrado, justificándolo como parte de una operación comercial con una clienta y adjuntando facturas. La documentación laboral indica que uno de los empleados trabaja allí desde 2021, mientras que el segundo fue registrado el 13 de marzo de 2024, apenas dos días después del operativo. Además, se registraron cruces migratorios frecuentes de otros trabajadores hacia Villazón, con permanencias cortas y en horarios coincidentes.

La firma fue constituida en 2009 en Salta, tiene más de diez puntos de venta y está inscripta como Agente Aduanero, aunque se encuentra suspendida desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios extraordinarios vinculados al comercio exterior.

Con estos elementos, la fiscalía atribuyó a la empresa y a los trabajadores los delitos previstos en los artículos 864 y 865 del Código Aduanero, que contemplan penas de dos a ocho años de prisión por ingresar o sacar mercadería por sitios no habilitados y su agravante por el valor involucrado.

Sin objeciones por parte de las defensas, el juez formalizó la ampliación de la imputación y mantuvo las medidas de coerción vigentes: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y compromiso de no entorpecer la investigación./Somos Jujuy