Cura acusado de abusos en Jujuy: al menos tres habrían ocurrido dentro de una iglesia

La Justicia jujeña dictó prisión preventiva por 40 días para el sacerdote Bruno Atilio Luis, imputado por cinco hechos de abuso sexual contra una mujer, al menos tres de los cuales habrían ocurrido en la parroquia "Nuestra Señora de Nieva", ubicada en la capital provincial.

El expárroco, oriundo de Chaco, se desempeñaba desde 2014 en dicha iglesia hasta el pasado 9 de marzo. La denuncia fue radicada ante el Juzgado Especializado en Violencia de Género N°2, que ordenó su detención el viernes 11 de abril y el allanamiento de su domicilio en Lozano. Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2023, cuando el sacerdote habría aprovechado su rol religioso para brindar asilo y contención a la víctima, en un contexto de alta vulnerabilidad emocional y social.

Según publica El Tribuno, la fiscal María Emilia Curten Haquim lo imputó por "abuso sexual simple agravado por ser miembro de un culto religioso" (un hecho) y "abuso sexual con acceso carnal agravado por el mismo motivo" (cuatro hechos), en concurso real.

Los fundamentos para la prisión preventiva incluyen declaraciones de la víctima, informes psicológicos, evidencias digitales y otros elementos de prueba que, a criterio del tribunal, justifican la necesidad de proteger a la denunciante y garantizar el curso de la causa sin entorpecimientos.

El rol del Obispado

Tras conocerse públicamente las denuncias, el Obispado de Jujuy emitió un comunicado en el que expresó su "rotundo rechazo" a cualquier forma de violencia y su disposición a colaborar con la Justicia. "Manifestamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea requerido para el esclarecimiento de los hechos denunciados", señalaron, al tiempo que subrayaron el compromiso con las personas que pudieran haberse sentido vulneradas.

Entre la fe y la impunidad

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad institucional de la Iglesia frente a los casos de abusos dentro de sus estructuras. Que al menos tres de los cinco hechos imputados hayan ocurrido dentro de una parroquia expone no solo la gravedad del accionar individual, sino también los peligros de impunidad que puede generar el encubrimiento o la pasividad eclesiástica frente a denuncias tan sensibles.

El avance del proceso judicial será clave para determinar responsabilidades, pero también para revisar los mecanismos de control dentro de las estructuras religiosas y su relación con la protección de los más vulnerables./EL TRIBUNO