Caza furtiva en Jujuy: destruyen el ecosistema y roban el sustento de las comunidades

La caza ilegal sigue siendo una amenaza grave para la biodiversidad jujeña, especialmente en la región de la Puna. Las especies más afectadas son los pecaríes, corzuelas, tapires y, en particular, las vicuñas, cuya fibra es altamente cotizada en mercados europeos. Esta demanda internacional incentiva la caza indiscriminada, incluso por parte de cazadores extranjeros que cruzan la frontera para obtenerla. 

El daño ambiental es profundo: la matanza de animales vulnerables y en peligro de extinción altera los ecosistemas locales, rompe cadenas alimenticias y pone en riesgo el equilibrio natural de la región. En un reciente operativo en Yavi, se encontraron vicuñas desolladas y agonizantes, una imagen que evidencia el sufrimiento animal y la brutalidad de esta práctica. 

Desde el punto de vista económico, la caza furtiva también perjudica a las comunidades originarias que realizan esquilas legales -los chakus- bajo estrictos controles sanitarios y con fiscalización estatal. Estas prácticas sustentables permiten la comercialización responsable de la fibra, generando ingresos legítimos para las familias locales. La caza ilegal, en cambio, rompe ese circuito y fomenta el mercado negro. 

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto al Ministerio de Seguridad y fuerzas provinciales, trabaja en operativos de vigilancia, entrega de equipos de comunicación y articulación con las comunidades para frenar esta actividad. La presencia territorial y el conocimiento local son claves para detectar y detener a los cazadores furtivos. 

La vicuña, protegida por leyes nacionales y provinciales, representa no solo un patrimonio natural sino también cultural para los pueblos andinos. Su caza ilegal es un delito que atenta contra siglos de tradición y respeto por la fauna autóctona. El Gobierno de Jujuy refuerza controles para preservar esta especie emblemática. 

Finalmente, las autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de caza furtiva. Cada minuto cuenta para evitar el sufrimiento animal y frenar una actividad que destruye el ambiente y vulnera el sustento económico de las comunidades que viven en armonía con la naturaleza.