Bronca en Jujuy: empresario acusado de abuso pasó las fiestas en su casa

Una resolución judicial dictada a fines de diciembre volvió a encender el debate en Jujuy sobre el accionar de la Justicia en causas sensibles. Un empresario de 48 años, imputado por graves delitos de abuso sexual contra una niña, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria pese a que el expediente se encuentra en plena etapa de investigación penal preparatoria.

Según El Tribuno, la medida fue dispuesta el 18 de diciembre por el juez de Control interviniente, quien hizo lugar a un pedido de la defensa y rechazó los planteos del Ministerio Público de la Acusación y de la querella, que consideraron el beneficio prematuro y alertaron sobre el riesgo de fuga del imputado.

Según la acusación fiscal, el empresario debe responder por múltiples hechos calificados legalmente como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en concurso real. De confirmarse la responsabilidad penal en un eventual juicio oral, la pena en expectativa podría superar las dos décadas de prisión.

Durante la audiencia en la que se resolvió la medida, el magistrado prorrogó la prisión preventiva, pero autorizó su cumplimiento bajo modalidad domiciliaria. Desde los organismos acusadores señalaron que el beneficio no se ajusta a los supuestos previstos por el Código Procesal Penal, que reserva esta modalidad para situaciones excepcionales como enfermedades graves, edad avanzada, discapacidad o maternidad en determinados casos.

Fuentes vinculadas a la causa expresaron su preocupación por el mensaje institucional que deja la resolución, al tratarse de un proceso en curso y de delitos de extrema gravedad. También cuestionaron que, durante la audiencia, se haya dedicado un tiempo significativo a advertencias sobre la difusión del caso, en detrimento del análisis profundo de la situación procesal y de los derechos de la víctima.

En el marco del expediente, constan informes psicológicos elaborados por profesionales del Ministerio Público que describen rasgos de personalidad considerados relevantes para la investigación, los cuales forman parte de la prueba incorporada al proceso./El Tribuno

Tras conocerse la resolución, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la nulidad de la medida y presentaron recursos de apelación. La definición del caso quedó ahora en manos de instancias superiores, que deberán revisar el otorgamiento de la prisión domiciliaria durante el transcurso de la feria judicial.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y bajo investigación, en un contexto de fuerte atención pública y reclamos sociales por un abordaje judicial riguroso y respetuoso de los derechos de las víctimas.