Salud
¿Y en la provincia?

18 abortos se realizaron sólo en el Materno Infantil de San Salvador

El dato lo reveló Gustavo Briones, ex jefe de obstetricia del Materno Infantil, en una entrevista a un medio nacional.

Durante el primer mes de año, el caso de la menor víctima del delito contra la integridad sexual que quedó embarazada en San Pedro de Jujuy tuvo en vilo a toda la provincia y la noticia llegó incluso a medios nacionales.

En torno al aberrante hecho giraron la palabra de una especialista, la polémica en torno a la madre de la niña y finalmente la renuncia de Gustavo Briones, jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil, quien en una reciente entrevista con TN reveló un dato clave.

"Quiero que quede claro, porque quedó como que nosotros no estamos realizando ILE: en el servicio de obstetricia del Materno Infantil se realizaron 18 ILE en el 2018", dijo.

Briones no participó en ninguna intervención.

"Somos 29 objetores de conciencia y hay un solo médico que realiza el procedimiento", expuso.

Mientras aguarda que su renuncia sea aceptada, el ex jefe de la maternidad le manifestó al medio nacional su postura respecto del caso y explicó por qué desaconsejaron la ILE ya que "lo que se estaba por hacer era un parto prematuro, no un aborto".

Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

¿Qué es?

Según se detalla en el protocolo ILE, el aborto es la interrupción del embarazo. Puede producirse de forma espontánea (cuando se detiene naturalmente el desarrollo del embrión o el feto) o inducida (provocada por diversos procedimientos).

Existen distintos métodos seguros para interrumpir el embarazo, sobre todo si se cuenta con información adecuada, contención y seguimiento. Algunos de estos métodos pueden ser usados sin la intervención directa de un médico (el aborto con medicamentos se realiza utilizando 12 pastillas de misoprostol, un medicamento que provoca contracciones del útero.) y otros requieren de la intervención de un profesional (aspiración manual endouterina, legrado, dilatación y evacuación).

Marco legislativo

Cabe destacar, en principio, que Jujuy adhirió al protocolo en 2012.

La historia de la interrupción legal del embarazo en Argentina comienza en 1886 con la sanción del primer código penal. Desde entonces el marco legislativo ha variado. Actualmente, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "F.A.L" de 2012, las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en los siguientes casos:

> Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios;

> Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social)

> Si el embarazo proviene de una violación.

Para acceder a la interrupción legal del embarazo es necesaria una consulta con un profesional de la salud, en un ámbito confidencial. El mismo evaluará el caso y certificará que la práctica se encuadra en alguna de estas tres causas. En el caso de una violación no es necesaria una denuncia policial.

En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. Allí se establecen los siguientes lineamientos:

> No se necesita autorización judicial: una vez certificada la causa de la interrupción del embarazo por un profesional de la salud, no se necesita autorización judicial ni administrativa para acceder al aborto. Tampoco se puede retrasar innecesariamente el acceso al aborto. Deben eliminarse los requisitos que no estén médicamente indicados.

> No se necesita denuncia policial o judicial: en los casos de violación, solo se requiere una declaración jurada que deje constancia de que el embarazo es producto de una violación.

> Las víctimas de violencia sexual: deben recibir en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva en un contexto cómodo, seguro, privado, confiable y que evite la revictimización. Debe asegurarse la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito, así como brindar asistencia psicológica y legal a la víctima

> Derecho a recibir información: los profesionales de la salud deben brindar a la persona gestante información oportuna, completa, comprensible y de calidad sobre las alternativas de atención y los distintos procedimientos disponibles para que pueda decidir sobre su cuerpo.

> Derecho a la privacidad y a la confidencialidad: se debe respetar la privacidad de la persona y garantizar la confidencialidad de la información que esta haya solicitado, su decisión y cualquier otro dato de su historia clínica.

> Obligaciones del sistema de salud: las demoras innecesarias en la atención, el brindar información falsa o negarse a realizar la interrupción del embarazo constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.

Si un profesional es objetor de conciencia y, por sus creencias personales, se niega a realizar la interrupción del embarazo, está obligado a notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe y derivar adecuadamente a otro integrante del equipo de salud que garantice su realización. En caso de emergencia, el profesional objetor deberá realizar la interrupción del embarazo.

Deben articularse mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto en caso que una mujer se presente con un aborto en transcurso o finalizado.

El Protocolo considera algunas situaciones especiales:

> Edad: la persona menor de edad tiene derecho a ser escuchada e informada, así como a participar en las decisiones sobre sí misma.

Entre los 13 y 16 años, mientras que una persona cuente con el grado de madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, se entiende que tiene aptitud para decidir respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o pongan en riesgo su integridad o su vida. Para ese tipo de tratamientos, al considerarse invasivos, la adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus padres o representantes legales. Si esta adolescente por alguna razón fundada se niega a que se le informe a sus progenitores, debe intervenir el Ministerio Público.

A partir de los 16, la adolescente es considerado como un adulto para las decisiones respecto de su propio cuerpo. De todos modos, se recomienda que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza. En caso de violación, la declaración jurada puede ser realizada sin la autorización de un adulto.


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