Ordenan embargar los bienes de Daniel Scioli por $189 millones

La Justicia penal de La Plata inhibió el miércoles al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por más de 189 millones de pesos en la causa que lo investiga por irregularidades en la contratación de obra pública. La medida, dictada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, también afecta a su exministro de Salud, Alejandro Collia , y al empresario Ricardo Miller.

A su vez, la magistrada aceptó el pedido del fiscal Álvaro Garganta para que el ahora diputado nacional tenga que notificar a las autoridades penales cada vez que desee salir de la Argentina.

"El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal", sostuvo la magistrada en su resolución.

La investigación. El exgobernador está procesado en la causa por violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con esa función y tráfico de influencias. Según la investigación, el excandidato presidencial favoreció a Miller, titular de la firma Miller Building, en la construcción de centros sanitarios de Unidades de Pronta Atención (UPAs) en la Provincia.

A su vez, la acusación también señala que mientras era contratista del Estado, el empresario alquilaba un predio en Villa La Ñata (la quinta en Tigre que es propiedad de Scioli), como una presunta devolución de favores por esas operaciones. Para el fiscal Garganta, ambos tenían una relación cercana, que les permitió realizar este tipo de maniobras de corrupción.

Según la investigación, Daniel Scioli favoreció a Ricardo Miller en la construcción de los centros de Unidad de Pronta Atención.

El contrato de este inmueble lo hizo a través de Capanone S.A, de la que Scioli posee el 99% de las acciones para un proyecto inmobiliario. El primer contrato lo realizó mediante una socia, Laura Mónica Vallini, y el segundo, en octubre de 2014, mediante una nueva sociedad, Multiespacios La Posada. Se pagaron en total $4.964.960 en 60 cuotas.

En la causa, consta que Miller, pese a ser solo un inquilino, realizó diferentes obras que revalorizaron la propiedad. Como por ejemplo, la construcción del microestadio de La Ñata Sporting Club, donde juega el equipo de Futsal del exgobernador.

La defensa de Scioli. En su primera indagatoria, Scioli no respondió preguntas y presentó un escrito frente al fiscal Garganta. En el documento, de 54 páginas, buscó justificar una por una las acusaciones del letrado.

En especial, negó tener una relación "especial" con el empresario y aseguró que el contrato de alquiler en La Ñata "estaba por debajo de los valores de mercado". El excandidato presidencial remarcó que de ninguna manera "puede admitirse la calificación de millonario".

Con respecto a la adjudicación de la obra de las UPA, el exgobernador explicó por qué no hubo dictamen del Consejo de Obra Pública al momento de contratar a Miller. "Muchas de las provisiones lo fueron al amparo de normas de emergencia que expresamente excepcionaban la intervención del Consejo de Obra Pública y todas las obras fueron anunciadas por los medios electrónicos vigentes, asegurando la publicidad de cada contratación", expresó.