Indígenas jujeños rechazan totalmente la Reforma Constitucional
Advirtieron que recurrirán a la Corte Interamericana para denunciar el atropello.
En la jornada pasada, los dirigentes de los pueblos indígenas de Jujuy se reunieron con los integrantes de la Comisión de Declaraciones, Derechos, Obligaciones y Garantías, que preside Ada Galfre, y exigieron que la Convencional Constituyente cumpla con la ley y habilite la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 179 de la OIT, que rige en todo el país con rango constitucional.
Además, entregaron notas a los tres bloques que conforman la Convención, y advirtieron irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el proyecto de reforma del gobierno de Jujuy viola las normativas que resguardan sus derechos.
Denunciaron que el Gobierno provincial «extorsiona» a las comunidades para que firmen su adhesión a la iniciativa.
Participaron representantes de las comunidades del Pueblo Kolla, comunidad indígena El Angosto de Yacoraite, comunidad aborigen de Casa Grande, El Perchel, Potrero de la Puna, El Piquete, El Arrayanal, Finca Yoscaba y Pueblo Coya Cochinoca, entre otros.
Cabe recordar que el Convenio 169 de la OIT establece que los estados deben consultar a los pueblos originarios «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente», entre otras disposiciones que obligan a garantizar la participación libre de las comunidades en la vida pública.
En este contexto, las comunidades conformaron la Convención Constituyente Plurinacional, para reclamar que el proceso de reforma incluya a los pueblos originarios respetando su cosmovisión y atendiendo sus demandas históricas. Los pueblos guaraní, ocloya, tilián, kolla, omaguaca, quechua y chicha proponen que la nueva Cartas Magna tenga carácter «pluricultural».
En dialogo El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el cacique del Pueblo Ocloyas, Néstor Jerez anticipó: «estamos evaluando hacer una presentación judicial, interponiendo un recurso de amparo para impedir que no avasallen nuestros derechos, y que cumplan con la ley de consulta y consentimiento, como prevé el Convenio 169».
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