Intenso debate

Diputados aprobó el Presupuesto 2023 con polémica en uno de sus puntos

El Congreso le dio media sanción al proyecto y ahora pasará al Senado. Fracasó en el impuesto al Poder Judicial por 134 a 116 votos.

QPJ Política

Tras varias horas de tratamiento en la Cámara de Diputados, se aprobó en general el proyecto del Presupuesto 2023 por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Los votos para la aprobación general no correrían riesgo, pero al Frente de Todos no le alcanzaba el número de los afirmativos para el artículo que obliga a todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial a pagar el Impuesto a las Ganancias. Tras 15 horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa.

El proyecto, en general, fue aprobado a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el PRO se abstuvo.

Sin embargo, se rechazó el artículo 100 del proyecto de presupuesto por 134 votos negativos y solo 116 afirmativos, con lo que el oficialismo fracasó en su intento por avanzar con el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

Dos de los puntos que generan mayor debate son la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alícuotas de retenciones agropecuarias.

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