Desde Nación denunciaron penalmente a funcionarios del Gobierno de Jujuy

Funcionarios de seguridad y judiciales de Jujuy fueron denunciados penalmente en la justicia federal por haber violado leyes nacionales al infiltrar y realizar espionaje ilegal contra organizaciones sociales y sindicales. La denuncia fue presentada por la abogada Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien en conferencia de prensa brindada este jueves en San Salvador de Jujuy aseguró que "en Jujuy funciona una estructura judicial policial que constituyó una empresa de espionaje ilegal".

La denuncia, que recayó en la fiscalía de Federico Zurueta, es contra el ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Héctor Horacio Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia, comisario Marcelo Rodríguez; el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2, Diego Ignacio Funes, y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Miguel Fernández.

La presentación se realizó en el marco de la cuarta visita a la provincia de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos, integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, que está por estas horas relevando denuncias de vulneraciones a los derechos humanos por parte del gobierno provincial.

Carpinetti recordó que el último informe de la Comisión, de la cual participaron miembros de la dirección a su cargo, se titula "Jujuy es Argentina", y en este sentido remarcó: "El estado nacional y el gobierno del que formo parte, no podemos seguir haciéndonos los desentendidos de lo que está pasando en esta provincia, que es parte del territorio de la República Argentina".

La denuncia, que se presentó con el patrocinio del abogado Nicolás Rechanik, se refiere a las acciones llevadas adelante desde el gobierno provincial que derivaron en la serie de allanamientos realizados en el mes de julio contra organizaciones sociales y sindicales. En su momento, se conocieron maniobras de espionaje e infiltraciones por parte de personal policial.

"Nosotros entendemos que en esta provincia se constituyó una empresa de espionaje ilegal que tiene por lo menos cuatro componentes, con sujetos a cargo que son los denunciados", explicó Carpinetti.

La funcionaria nacional aclaró que la denuncia se realizó en el fuero federal porque "esta estructura, con estos responsables, todos funcionarios públicos todos, violan dos leyes federales", en referencia a las leyes 25.520 de Inteligencia Nacional y 24.059 de Seguridad Interior.

"La primera acción de esta empresa ilícita, ilegal, de espionaje, fue infiltrar -detalló Carpinetti-. Luego, el fiscal Funes solicita los allanamientos. Y a partir de eso fueron construyendo la hipótesis delictiva. ¿Y qué hace el juez de control? Interviene tres meses después. O sea que los allanamientos y las infiltraciones se realizan aparentemente sin conocimiento del juez de control".

La abogada remarcó la gravedad que implica la violación de las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior: "El derecho a la privacidad, a la intimidad, son derechos escritos en nuestra Constitución nacional, y fueron violados por estos funcionarios", dijo, y aclaró: "Y tal vez haya otros, inclusive con responsabilidades mayores que estos cuatro".

"Queremos que la justicia investigue, queremos que la sociedad jujeña y el país sepan cómo funciona esta empresa ilegal de espionaje, de infiltración, de allanamientos y violación de los derechos personalísimos de ciudadanos y ciudadanas jujeñas, independientemente de su ideología o su pertenencia política", afirmó.

Fuente: El Submarino de Jujuy