"El manejo de dinero no se corresponde con su situación de desocupados"

Luego de que las organizaciones sociales respondieran a los allanamientos con una movilización contra la persecución y la criminalización de la protesta, el fiscal Diego Funes, dialogó con la prensa y explicó el porqué de los procedimientos. De acuerdo a lo expresado por el funcionario, existen al menos 9 denuncias que señalan a estos movimientos por extorsión y amenazas, además del cobro irregular de un porcentaje, a los que sean beneficiarios de planes sociales.

Como si esto fuese poco, Funes explicó que existirían otros mecanismos para hacerse con el dinero de los más vulnerables, en un sistema de sanciones a quienes no se alineaban a la organización. "Había una especie de multas si no asistían a una marcha", remarcó.

Lo cierto es que de los allanamientos se produjo el secuestro de teléfonos, computadoras, medios de almacenamiento electrónico y documentación, como recopilación de pruebas para la causa que se tramita.

"Nos llamó la atención que algunas de las personas allanadas tenían documentación que, por lo pronto indiciariamente, podría llevarnos a pensar que tienen un manejo de dinero muy importante que no se corresponde con su situación de desocupados o de beneficiarios de algún tipo de plan", disparó el fiscal.

En rigor de verdad, el funcionario judicial indicó que la investigación preliminar que abrió paso a los 15 allanamientos comenzó hace aproximadamente dos meses a partir de las denuncias que exponían a los dirigentes piqueteros. Asimismo, agregó que son varias las organizaciones denunciadas, pero se mostró sorprendido ya que el ?modus operandi' era similar en todos los casos.

"Detrás de estos delitos no solo había un dirigente o referente, sino que esto tiene una planificación y había una estructura detrás de esto para planificar el delito", aseveró Funes.