Nación salió al cruce de Morales y defendió Sala: "Es falso que esté condenada por..."

Luego de que el presidente de la Nación visitara a Milagro Sala, se dijo de todo. El gobernador de Jujuy publicó una durísima carta abierta cuestionando que Fernández no visitó Jujuy desde su asunción y no escuchó al pueblo jujeño. Morales, se mantuvo firme en su postura y hasta le deseó una pronta recuperación a la dirigente tupaquera para que termine de cumplir su condena en una cárcel común.

En la misiva, el líder del Ejecutivo Provincial habló de las condenas que pesan sobre Sala y aseguró que Jujuy vivió épocas de mucha violencia durante el apogeo de la líder de la Tupac Amaru. En el mismo sentido, intendentes de distintas localidades y legisladores se plegaron a las críticas y no dudaron en cargar contra el jefe de Estado argentino.

Fue la Secretaría de Derechos Humanos quien salió a responder y desestimó completamente que Milagro Sala haya sido condenado por crímenes violentos. Asimismo, sostuvo que se trata de una persecución política en su contra y que la privación de su libertad es "arbitraria".

"Gerardo Morales vuelve a utilizar un relato estigmatizante para atacar a una organización y a una dirigente", remarcaron.

El comunicado completo:

En su carta abierta, publicada a partir de la visita del presidente Alberto Fernández a Jujuy, el gobernador Gerardo Morales vuelve a utilizar un relato estigmatizante para atacar a una organización y a una dirigente social que es víctima de una permanente persecución política, judicial y mediática desde 2016.

Es falso que Milagro esté condenada por crímenes violentos. Es falso que Milagro haya sido investigada por graves violaciones de derechos humanos.

Sala está privada arbitrariamente de su libertad desde hace casi 7 años, perseguida penalmente en una decena de causas sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2017 ordenó proteger su integridad física y psíquica

El incumplimiento de esa resolución por parte de las autoridades provinciales, políticas y judiciales, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Los derechos humanos no son parte de ninguna grieta. Son una política de Estado y la columna vertebral de nuestro gobierno nacional. Y es obligación de todos los funcionarios del Estado, ya sea federal o provincial, su respeto irrestricto.

El pueblo argentino sabe que las diferencias políticas no se pueden superar con la utilización del aparato político y judicial contra la oposición ni con violaciones de derechos humanos.