Políticos jujeños cobraron el IFE de forma irregular y la Justicia no avanza

El Ingreso Familiar de Emergencia nació como un beneficio extraordinario que serviría de ayuda a los más vulnerables. Lamentablemente, un grupo de concejales y hasta funcionarios se vieron involucrados en una maniobra irregular para percibirlo.

A partir de esto, nació una investigación en Salta que puso contra las cuerdas a más de 50 políticos. De esta manera, algunos imputados recibieron sanciones, deberán pagar cerca de 1.400.000 pesos, hacer tareas comunitarias, y además no podrán presentarse en las dos próximas elecciones.

Otro grupo irá a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.

Según consignó Jujuy Al Momento, en Jujuy hay varios casos similares, como por ejemplo el presidente del Concejo Deliberante de Ciudad Perico, Walter Cardozo, que bajo la protección de Gerardo Morales y Rubén Rivarola argumenta que la justicia debe emitir una sentencia.

Diego Mayaregua, presidente del Concejo Deliberante de Caimacito, también está implicado en esta maniobra, sin saberse demasiado sobre si cobró o no cobró. Mayaregua es apadrinado por el diputado rivarolista Lito Torres.

También está el caso del titular del ANSES Jujuy, Adrián Mendieta, que en el momento que saltó el escándalo argumentó que él solo había ingresado sus datos al sistema para enseñarle a un tercero.

El concejal Nicolás Martínez de Pampa Blanca, también enrolado en el sector de Rubén Rivarola, también está entre los sindicados por cobrar o haber intentado cobrar el Ingreso familiar de Emergencia.

Cabe destacar que el decreto presidencial donde se instaura los IFE establecía claramente que no podían percibir el beneficio quienes tengan "trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado", en esa categoría ingresan los concejales y funcionarios.

Con esta clara restricción, el sistema de ANSES los detectó en algunos casos, pero en muchos otros no.

Para la fiscalía federal, y merced a la cantidad de concejales y funcionarios inscriptos, alguien les pudo haber avisado que podían anotarse, esto también es materia de investigación.

En Jujuy el fiscal federal Federico Zurueta, del Área de Casos Complejos, lleva adelante una investigación, pero por ahora demasiado lenta.

En esta causa, está acreditado que Diego Mayaregua cobró el IFE en dos oportunidades, mientras que Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, intentaron cobrar el beneficio nacional.

La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, vocal y presidente de la Comisión de Catúa y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE.

La gran ausente en este escandaloso tema es la política, ninguno hasta el momento recibió sanción alguna, esos son los privilegios de castas, solo ocho bajo la lupa de la justicia y ninguna sanción política.